El Estado priorizará el acceso seguro y oportuno al agua para consumo humano y seguridad alimentaria, promoviendo una gestión integrada y multisectorial que garantice su uso sostenible y equitativo, en armonía con los ecosistemas y frente al cambio climático. Asimismo, protegerá el ciclo hidrológico y la calidad del agua, gestionando las cuencas como unidad básica y adoptando medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos de las actividades humanas.