La Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Costa Rica establece por primera vez una definición estandarizada de lo que constituye una inversión ambientalmente sostenible en el país. Este marco proporciona un lenguaje común que facilita a los actores financieros y de la economía real identificar inversiones alineadas con los objetivos ambientales y sociales nacionales. Su elaboración fue liderada por instituciones públicas como el MINAE, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y las superintendencias financieras del país. Además, contó con la participación de más de 300 personas expertas de más de 180 organizaciones públicas, privadas, académicas y organizaciones no gubernamentales. El desarrollo técnico fue realizado por UNEP FI con financiamiento del Fondo Verde del Clima y del Programa Euroclima de la Unión Europea.