La justicia climática integra de manera crítica las dimensiones éticas, sociales y políticas en el debate sobre el cambio climático, al reconocer que sus impactos afectan de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables y agravan desigualdades preexistentes. Este artículo sostiene que operacionalizar la justicia climática en América Latina requiere descentralizar los marcos conceptuales del Norte Global, abordar rigurosamente las injusticias sociohistóricas, priorizar los conocimientos indígenas y promover arreglos institucionales inclusivos. El contexto latinoamericano —marcado por el colonialismo, el extractivismo y profundas desigualdades sociales— configura una comprensión particular de la justicia y genera vulnerabilidades distintivas. La implementación de la justicia climática enfrenta desafíos importantes: marcos regulatorios débiles, dependencias económicas que perpetúan prácticas extractivas y marginación de los sistemas de conocimiento indígena. Estos factores hacen necesario redefinir políticamente la justicia más allá de la compensación, cuestionando las asimetrías de poder que benefician a las industrias extractivas en detrimento de las comunidades locales. Las estrategias efectivas deben adoptar un enfoque multifacético que enfatice la justicia procedimental y cognitiva mediante una gobernanza participativa y la integración de epistemologías diversas. En última instancia, alcanzar una justicia climática genuina en América Latina exige un cambio de paradigma hacia modelos de desarrollo que prioricen el bienestar socioecológico, enfrenten las desigualdades estructurales y garanticen que la acción climática genere resultados verdaderamente equitativos en lugar de profundizar injusticias históricas.