Esta política busca lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Establece diez políticas sectoriales que abordan desde el acceso y democratización de la tierra hasta la participación ciudadana y preservación cultural. Fue consensuada entre el gobierno y organizaciones sociales en un proceso participativo iniciado en 2008. Reconoce la multiculturalidad del país y busca superar el racismo, exclusión y marginación social en el área rural. Tiene como objetivo alcanzar el desarrollo humano integral sostenible mediante el acceso equitativo a recursos productivos, medios de producción y bienes naturales.