La iniciativa representa un compromiso entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de actuar, de manera armoniosa e integrada, para la promoción de la transformación ecológica, a partir de medidas legislativas, administrativas y judiciales. Las principales medidas del pacto son: 1) El Poder Legislativo dará prioridad a los proyectos de ley relacionados con los temas del pacto, como la aprobación del marco legal del mercado del carbono, la producción de energía eólica en el mar y los biocombustibles; 2) El Poder Judicial adoptará medidas para agilizar las demandas judiciales que involucren temas ambientales, agrarios y climáticos, incluso con la definición de metas y protocolos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ); 3) El Poder Ejecutivo ampliará la financiación y reducirá el costo del crédito para sectores, proyectos y prácticas sostenibles; 4) El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial integrarán conjuntamente bases de datos inmobiliarias, ambientales, catastrales y fiscales, con datos georreferenciados, para garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras públicas y privadas en el país, además de desbloquear inversiones y 5) Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial adoptarán medidas de gestión para reducir los impactos directos de sus actividades en el medio ambiente, como licitaciones sostenibles, reducción de la demanda de recursos naturales, eficiencia energética y eliminación adecuada de residuos.