La ley tiene como objetivo principal la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales del país. Esta ley busca garantizar un ambiente adecuado para proteger la salud de las personas y promover un desarrollo sostenible que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Entre sus objetivos específicos se encuentran: establecer un marco adecuado para orientar las actividades agropecuarias, forestales e industriales hacia formas de explotación compatibles con la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente; mantener el equilibrio ecológico y la diversidad genética; fomentar la participación ciudadana en la gestión ambiental; e implementar evaluaciones de impacto ambiental para proyectos potencialmente contaminantes. Las acciones de la ley incluyen la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente, responsable de formular y coordinar políticas ambientales nacionales y velar por su cumplimiento. Además, la ley establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para proyectos públicos y privados, promueve la educación e investigación ambiental, y fomenta la participación comunitaria en la protección del ambiente. También prohíbe la introducción de desechos tóxicos en el país y establece medidas para prevenir y corregir la contaminación ambiental. La ley incluye sanciones para quienes violen las disposiciones ambientales y promueve la cooperación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en la gestión ambiental.