La Ley establece un incentivo tributario para la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D). Su objetivo principal es fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en el país. Las acciones incluyen la provisión de un crédito tributario del 35% sobre los pagos efectuados para actividades de I+D certificadas, y la posibilidad de deducir como gasto necesario para producir la renta aquellos costos que no constituyan crédito. Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deben celebrar contratos con centros de investigación registrados en CORFO, que además se encarga de certificar y fiscalizar dichos contratos y proyectos de I+D. La ley establece criterios claros para definir qué actividades califican como I+D, excluyendo mejoras rutinarias y estudios de mercado, y detalla el proceso de inscripción y certificación de los centros de investigación, así como los procedimientos de fiscalización y las sanciones aplicables por incumplimientos.