La Política establece un marco para el manejo sostenible del agua, considerando tanto las necesidades socioeconómicas como la protección de los ecosistemas. El objetivo es equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales, particularmente en contextos agrícolas. La política aborda varios desafíos, como la insuficiente información sobre el uso y manejo del agua, la contaminación por actividades agrícolas e industriales, y la vulnerabilidad del suministro debido a fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña. Para enfrentar estos retos, la política incluye estrategias para mejorar la planificación, la administración y la normativa relacionada con la gestión del agua. Entre las medidas específicas se destacan la incorporación de la gestión de riesgos climáticos en los planes de ordenación territorial y el desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro de agua en la agricultura. Además, se promueve la participación activa de los usuarios del agua, incluyendo agricultores, en la toma de decisiones y en la vigilancia de las inversiones y acciones realizadas. También se fomenta una cultura del agua que sensibilice a la población sobre la importancia de su conservación y uso sostenible.