La Ley de Recursos Hídricos establece el marco normativo para el uso y manejo de los recursos hídricos, incluyendo aguas superficiales, subterráneas, continentales y sus bienes asociados. Su objetivo principal es regular la gestión integrada del agua, así como la participación del Estado y los particulares en dicho proceso. En lo que corresponda, también se aplica al agua marina y atmosférica.
Esta normativa crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, liderado por la Autoridad Nacional del Agua, la cual articula acciones con ministerios, gobiernos regionales y locales, y organizaciones de usuarios.
Asimismo, regula los derechos de uso del agua a través de licencias, permisos y autorizaciones; y establece medidas para su protección, como la clasificación de cuerpos de agua, la delimitación de fajas marginales y el control de su calidad. La ley también considera estrategias para enfrentar el cambio climático y gestionar eventos naturales, así como sanciones para quienes incumplan las disposiciones sobre el uso y administración del agua.