Esta es la norma jurídica de mayor jerarquía en el país. Según ésta el agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, por tanto se debe gestionar sustentablemente el recurso y proteger el medio ambiente, ya que éste puede tener efectos sobre la calidad del agua. Por tanto, los proyectos que se lleven adelante deben demostrar que no afectan a la sustentabilidad del recurso de lo contrario estarían violando la norma. Establece a su vez que todas las aguas (superficiales, subterráneas, humedad del suelo, manantiales) son de dominio público estatal a excepción de las aguas pluviales
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Fecha de inicio: Fecha de fin: NA