La Ley establece la Política para Prevenir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Su objetivo es implementar medidas que reduzcan estos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible mediante la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. La ley promueve la sensibilización, la formación y la movilización de todos los actores de la cadena de suministro de alimentos, priorizando el consumo humano de los alimentos antes de su destinación a otros usos como la alimentación animal o la producción de energía renovable. Entre los objetivos específicos destacan la contribución a la seguridad alimentaria y nutricional de la población, el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la promoción de sistemas alimentarios eficientes. Además, se promueve la donación de alimentos aptos para el consumo humano a organizaciones sin ánimo de lucro y se establece un sistema de medición y control a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).