Decreto Legislativo N.º 212 de 2026 de Colombia: Plan de reactivación urgente, productiva, sostenible y resiliente de los sistemas agroalimentarios y medios de vida rurales afectados por la emergencia

El Decreto Legislativo N.º 212 del 5 de marzo de 2026, expedido por el Gobierno de Colombia, adopta medidas extraordinarias para la reactivación urgente, productiva, sostenible y resiliente de los sistemas agroalimentarios, las cadenas de suministro, el derecho a la alimentación y los medios de vida rurales afectados por los fenómenos hidrometeorológicos que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 150 de 2026. Su aplicación territorial comprende Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. El plan prioriza a pequeños y medianos productores agropecuarios afectados, organizaciones campesinas y comunidades étnicas vinculadas a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Establece medidas para recuperar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola; rehabilitar sistemas de riego, drenaje y adecuación de tierras; restablecer infraestructura y activos productivos; suministrar insumos y asistencia técnica; fortalecer los servicios de extensión agropecuaria; promover la diversificación y reconversión productiva; y recuperar los circuitos locales de abastecimiento. Autoriza la movilización y reorientación extraordinaria de recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios (FAIA), de recursos presupuestales y de fondos parafiscales. Asimismo, contempla la recuperación de ecosistemas acuáticos agroalimentarios, el repoblamiento con especies nativas, la reposición de equipos de pesca y medidas de simplificación administrativa para pequeños acuicultores. La norma busca restablecer la capacidad productiva, reducir la vulnerabilidad de los medios de vida rurales y proteger el derecho humano a la alimentación. Los resultados descritos constituyen objetivos de política pública y no impactos verificados.