El Caribe es la subregión con menor porcentaje de metas con pronóstico de cumplimiento (13%), frente al 19% de América del Sur y el 18% de Centroamérica y México. El 45% de las metas en el Caribe muestra estancamiento o retroceso, el porcentaje más alto de las tres subregiones, evidenciando una vulnerabilidad estructural agravada por la fragmentación geopolítica global.

La región solo alcanzaría el 19% de las metas de la Agenda 2030 al ritmo actual, menos que el 23% estimado el año anterior. Un 42% de las metas avanza en la dirección correcta pero a ritmo insuficiente, y un 39% está estancada o en retroceso respecto a 2015.

Máximo Torero (FAO) advierte que el alto costo de fertilizantes y el conflicto prolongado obligarán a reducir insumos y siembras. Un recorte del 20% en fertilizantes podría desplomar rendimientos un 25%, afectando el 50% del presupuesto productor.

Proyecto regional orientado a la conservación y uso sostenible de recursos fitogenéticos de batata en Jamaica, Santa Lucía y Antigua y Barbuda. Sus ejes centrales son: ampliar el acceso a material de siembra limpio de variedades prioritarias; fortalecer la resiliencia productiva frente a sequía, salinidad y plagas (gorgojo de la batata Cylas formicarius); mejorar cadenas de valor locales mediante alianzas público-privadas y desarrollo de productos procesados (harina, forraje animal); e integrar variedades locales al Sistema Multilateral de Acceso del TIRFAA, incluyendo depósito de duplicados de seguridad en Svalbard.

Proyecto de desarrollo rural orientado a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de pequeños agricultores en Perú mediante la adopción de prácticas agroecológicas, asistencia técnica continua y certificación orgánica. La iniciativa articula a los productores con mercados de comercio justo a través de un sistema de comercialización especializado, con el fin de mejorar sus ingresos, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental en territorios rurales.

La iniciativa es una cooperación técnica binacional en la cuenca del río Putumayo, en la Zona de Integración Fronteriza Perú–Colombia, orientada a fortalecer la pesca artesanal sostenible y la seguridad alimentaria con acceso a mercados. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante una mesa binacional, diagnósticos y campañas de monitoreo enfocadas en calidad de agua y especies ícticas de interés comercial. Impulsa bionegocios asociados a la cadena pesquera con sensibilización y capacitación, educación financiera, asistencia técnica, formulación de modelos de negocio y apoyo a equipamiento, además de ferias binacionales y alianzas comerciales. Incluye acciones de seguridad alimentaria a través de planes comunitarios, capacitaciones en buenas prácticas alimentarias, escuelas de campo y soluciones colectivas para acceso a agua (recolección, filtrado y almacenamiento). Su ejecución se realiza por agencias ejecutoras en Perú y Colombia durante 24 meses con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia–Perú, con inicio requerido en septiembre de 2025.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad de Costa Rica 2016-2025 es el principal instrumento de implementación de la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, que busca revertir la pérdida y deterioro de la biodiversidad en sus diferentes niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. La estrategia identifica siete temas estratégicos prioritarios que incluyen la conservación in situ del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, la restauración de ecosistemas terrestres, marino-costeros y dulce-acuícolas, el ordenamiento territorial, y el fortalecimiento de la gobernanza y participación ciudadana. El marco de política establece 23 metas globales al 2025, 98 metas nacionales al 2020 y cuenta con un portafolio de 41 programas y proyectos activos con financiamiento de USD 100 millones para el período 2016-2020. La estrategia se desarrolló mediante un amplio proceso participativo con más de 1,021 personas incluyendo pueblos indígenas, comunidades locales, sector privado, academia e instituciones gubernamentales, bajo enfoques de derechos humanos, género, ecosistemas y gestión por resultados.

El Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la República Dominicana establece los compromisos y obligaciones del país para emisiones de bonos soberanos temáticos destinados a financiar estrategias sectoriales ambientales, de transición sostenible e inversión social. Este marco, desarrollado bajo los principios de ICMA, identifica nueve categorías verdes que incluyen transporte bajo en carbono, energías renovables, adaptación al cambio climático, conservación de biodiversidad y gestión de recursos naturales, además de ocho categorías sociales enfocadas en seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, empleo y reducción de desigualdades. El documento establece procesos de evaluación y selección de gastos elegibles a través de la Comisión de Bonos Temáticos, sistemas de gestión de fondos y requisitos de reporte y verificación externa. El marco se alinea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando movilizar recursos hacia inversiones con alto impacto en mitigación, adaptación y conservación de biodiversidad.

Barbados 2035 es un plan integral de inversión desarrollado por la Unidad de Iniciativa de Bridgetown que establece una hoja de ruta para invertir US$11.6 mil millones hasta 2035 en 12 prioridades estratégicas que construyen resiliencia social, económica y climática. El plan se fundamenta en las seis misiones de Mission Barbados y define objetivos cuantificables como lograr 100% de energía renovable para 2035, reducir 50% las enfermedades no transmisibles y el crimen, garantizar acceso universal al agua limpia y alimentos nutritivos, y crear 10,000 empleos de calidad con un crecimiento promedio del PIB de 5% anual. El plan identifica que aproximadamente 60% (US$6.6 mil millones) de la inversión requerida provendrá del sector privado, mientras que US$5 mil millones necesitan financiamiento público, dejando una brecha de US$3.6 mil millones que requiere apoyo de socios de desarrollo y mecanismos de financiamiento combinado. La implementación se enfoca en proyectos catalizadores en los primeros 3-5 años que desbloquean inversión privada, fortalecen la capacidad institucional y transforman a Barbados de un pequeño estado insular a un gran estado oceánico sostenible, próspero e inclusivo.

La iniciativa es una cooperación técnica binacional en la cuenca del río Putumayo, en la Zona de Integración Fronteriza Perú–Colombia, orientada a fortalecer la pesca artesanal sostenible y la seguridad alimentaria con acceso a mercados. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante una mesa binacional, diagnósticos y campañas de monitoreo enfocadas en calidad de agua y especies ícticas de interés comercial. Impulsa bionegocios asociados a la cadena pesquera con sensibilización y capacitación, educación financiera, asistencia técnica, formulación de modelos de negocio y apoyo a equipamiento, además de ferias binacionales y alianzas comerciales. Incluye acciones de seguridad alimentaria a través de planes comunitarios, capacitaciones en buenas prácticas alimentarias, escuelas de campo y soluciones colectivas para acceso a agua (recolección, filtrado y almacenamiento). Su ejecución se realiza por agencias ejecutoras en Perú y Colombia durante 24 meses con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia–Perú, con inicio requerido en septiembre de 2025.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Esta iniciativa es una Cooperación Técnica (HA-T1341) en Haití para apoyar el desarrollo rural y agropecuario sostenible, enfocada en fortalecer la ejecución de la operación PAPAIR (HA-J0002) y en identificar nuevas oportunidades de inversión que mejoren productividad, seguridad alimentaria y resiliencia climática en el norte del país. La CT responde a retrasos y limitaciones de capacidad operativa del MARNDR en la implementación de PAPAIR (baja tasa de desembolso y dificultades en adquisiciones, gestión operacional y planificación), agravadas por el contexto de inestabilidad política, institucional y de seguridad. Sus objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad del Ministerio para implementar PAPAIR, (ii) sistematizar lecciones aprendidas de operaciones pasadas y en curso (incluyendo instrumentos de incentivos, subsidios y asistencia técnica, y experiencias del sector privado), y (iii) apoyar el diseño de nuevas estrategias e inversiones (incluyendo cadenas de valor sostenibles y un estudio de factibilidad para rehabilitación de infraestructura de riego). La CT se estructura en tres componentes: apoyo a la gestión de ejecución de PAPAIR mediante consultorías (compras/contratos, infraestructura rural, M&E, género y diversidad), análisis de lecciones aprendidas, e identificación/diseño de nuevas estrategias e inversiones; con productos compartidos con autoridades y actores públicos, privados y socios de desarrollo. Será ejecutada por el BID a solicitud del Gobierno de Haití, con coordinación técnica permanente con el MARNDR (reuniones mensuales y punto focal), y se financiará con recursos OC-SDP de las Ventanillas W1D y W2A/W2B, por un total de US$300.000 para 24 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2025.