Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.

Este proyecto busca abordar la problemática del Complejo de Punta Morada de la Papa (CPMP), una de las plagas más destructivas de la papa en la Región Andina (Ecuador, Perú, Colombia y Chile). Se enfoca en tres componentes: diagnóstico regional, optimización de protocolos de detección molecular, y difusión de conocimientos para el manejo del CPMP. Involucra a más de 2,100 personas capacitadas directamente y más de 9,000 beneficiarios totales.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

El Reglamento General desarrolla las disposiciones de la Ley de Riego y Avenamiento para facilitar su interpretación y aplicación sistemática, estableciendo procedimientos para la conservación, aprovechamiento y distribución de los recursos hidráulicos con fines de riego y avenamiento. Regula la construcción, conservación y administración de obras de riego y avenamiento, el control de inundaciones, desecación de pantanos y estabilización de cuencas hidrográficas mediante la utilización racional de los recursos agua y suelo. Crea el Registro de Aguas para inscribir concesiones y permisos, establece procedimientos para otorgar permisos provisionales, temporales y concesiones para uso de aguas superficiales y subterráneas con fines agropecuarios. Define la competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Obras de Riego y Drenaje, y establece la creación de Distritos de Riego y Avenamiento y Asociaciones de Regantes como unidades técnico-administrativas para la gestión integral de recursos hídricos con fines productivos.

La Ley Básica de la Reforma Agraria de El Salvador establece la transformación de la estructura agraria del país mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra basado en la equitativa distribución de la misma. La ley reconoce y garantiza la propiedad privada en función social, estableciendo límites máximos de tenencia de tierra (100 hectáreas en suelos clase I-IV y 150 hectáreas en suelos clase V-VII) y requisitos de cumplimiento para mantener la propiedad. Regula los procesos de afectación, adquisición y expropiación de tierras que excedan los límites establecidos, así como su posterior asignación a asociaciones cooperativas agropecuarias y organizaciones de trabajadores rurales. El marco legal crea el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) como ejecutor del proceso y establece mecanismos de administración provisional, sistemas de pago mediante bonos de reforma agraria, y procedimientos para garantizar la incorporación de la población rural al desarrollo económico y social del país.

La Ley Forestal de El Salvador establece disposiciones para el incremento, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y el desarrollo de la industria maderera, declarando estos recursos como patrimonio natural de la Nación bajo protección estatal. La ley regula el manejo de bosques naturales privados mediante planes de manejo forestal, establece incentivos para la reforestación con participación del sector privado, y crea mecanismos de protección forestal incluyendo áreas de uso restringido. Define la competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería como autoridad responsable de la aplicación normativa y la creación de una Comisión Forestal para el desarrollo tecnológico e industrial. El marco legal incluye un sistema integral de infracciones y sanciones, procedimientos administrativos, registros forestales, y establece fondos especiales para el financiamiento de actividades forestales productivas.

Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

El proyecto TCP/ELS/3802 desarrolló una estrategia nacional de educación alimentaria y nutricional para abordar la triple carga de malnutrición en El Salvador, que incluye deficiencias de micronutrientes, desnutrición crónica y aguda, así como sobrepeso y obesidad. La iniciativa fortaleció capacidades técnicas del MINEDUCYT y comunidad educativa mediante diplomados virtuales que capacitaron a 2,650 docentes en los 14 departamentos del país. Se elaboró un anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar y la Estrategia de Alimentación Escolar Saludable y Sostenible (EAESS) para institucionalizar el derecho a la alimentación adecuada de niños y adolescentes. El proyecto promovió entornos escolares saludables integrando educación alimentaria y nutricional, huertos escolares, menús diversificados y vinculación con mercados locales para mejorar comportamientos alimentarios sostenibles.