El proyecto estableció la incorporación de un enfoque sobre las directrices voluntarias para las políticas agroambientales, mediante un proceso de gestión público orientado a facilitar el desarrollo sostenible basándose en los objetivos estratégicos de la FAO. El proyecto contribuyó a un cambio en la gestión pública relacionada con los temas agrícolas, pasando de una visión sectorial y productivista a una más holística, orientada a fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población. Se creó un Comité Técnico y se priorizaron cinco marcos normativos: ley de riego, ley de avenamiento, ley forestal, política nacional de medio ambiente, y política de agricultura sostenible adaptada al clima. Se fortaleció la sostenibilidad de los recursos naturales y se redujo el impacto del cambio climático y de los desastres naturales en los medios de vida de la población rural. Políticas, planes y programas agroambientales se vieron fortalecidos mediante el conocimiento adquirido sobre las directrices de políticas agroambientales y el intercambio de lecciones aprendidas entre actores de otros países en América Latina y el Caribe.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

El Programa Vaso de Leche Escolar es una iniciativa nacional establecida por ley que garantiza el consumo mínimo de dos vasos de leche fluida de producción nacional por semana a estudiantes de educación parvularia y básica en centros educativos públicos. El programa articula la producción nacional de leche con la alimentación escolar mediante un mecanismo de abastecimiento que involucra asociaciones, cooperativas y productores independientes. La leche se procesa industrialmente con tecnología UHT y se distribuye directamente a los centros escolares, sustituyendo la leche en polvo que se entregaba anteriormente. El programa cuenta con respaldo legal a través del Decreto No. 304 del año 2013 "Ley del Programa de Vaso de Leche Escolar" y beneficia a más de 2,200 ganaderos salvadoreños organizados en cerca de 30 grupos asociativos.

La Política Nacional del Medio Ambiente de El Salvador es un instrumento de política pública que establece estrategias efectivas para enfrentar los principales desafíos ambientales que afectan la sociedad salvadoreña. Su objetivo general es incorporar criterios de sostenibilidad en el modelo de desarrollo frente a los grandes desafíos climáticos y ambientales, armonizando los ámbitos social, ambiental y económico. La política se estructura en cuatro objetivos específicos: gestión de recursos hídricos para su seguridad, gestión del riesgo climático y transición hacia una economía baja en carbono, integración de la biodiversidad en actividades de desarrollo, e integración del componente ambiental en el ordenamiento territorial. Establece lineamientos y acciones estratégicas para lograr un desarrollo sostenible que proteja los recursos naturales y reduzca la vulnerabilidad climática del país.

La norma establece las especificaciones físico-químicas y microbiológicas de la miel de Apis mellifera que se comercialice en El Salvador, independientemente de su origen, presentación y destino final. Define clasificaciones por origen botánico (miel de flores y miel de mielato), procedimiento de cosecha (escurrida, prensada, centrifugada), presentación, forma de producción (convencional y orgánica) y destino (consumo directo e industrial). Establece requisitos de composición, características organolépticas, parámetros de madurez y deterioro, límites microbiológicos, y límites máximos de residuos de productos veterinarios y contaminantes ambientales. La norma prohíbe el uso de aditivos y adulterantes, especifica métodos de análisis basados en AOAC International y FDA, y establece requisitos de etiquetado conforme a normas salvadoreñas. Define la responsabilidad de cumplimiento y verificación entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la Defensoría del Consumidor según el tipo de producto y su estado de comercialización.

El decreto exonera al Ministerio de Agricultura y Ganadería del pago de todo tipo de impuestos, tasas, aranceles, contribuciones y tarifas por servicios marítimos y portuarios para la recepción de una donación de cien mil litros de Fertilizante Orgánico Salvador (Biofertilizante) ofrecida por la empresa Agro Orgánicos. La medida busca contribuir al fortalecimiento del sector agrícola y contrarrestar el incremento en los precios de los insumos agrícolas, facilitando el acceso a productos orgánicos de alta calidad para la producción de alimentos. El decreto establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería coordinará el almacenamiento, distribución y uso del donativo como parte integral de sus programas de desarrollo agrícola sostenible. La norma requiere a todas las entidades y autoridades adoptar medidas necesarias para facilitar los procesos y trámites administrativos que garanticen la introducción del donativo de manera pronta e inmediata. El marco legal mantiene la vigilancia y control de las autoridades tributarias para ejercer la respectiva verificación fiscal.

El proyecto estableció la incorporación de un enfoque sobre las directrices voluntarias para las políticas agroambientales, mediante un proceso de gestión público orientado a facilitar el desarrollo sostenible basándose en los objetivos estratégicos de la FAO. El proyecto contribuyó a un cambio en la gestión pública relacionada con los temas agrícolas, pasando de una visión sectorial y productivista a una más holística, orientada a fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población. Se creó un Comité Técnico y se priorizaron cinco marcos normativos: ley de riego, ley de avenamiento, ley forestal, política nacional de medio ambiente, y política de agricultura sostenible adaptada al clima. Se fortaleció la sostenibilidad de los recursos naturales y se redujo el impacto del cambio climático y de los desastres naturales en los medios de vida de la población rural. Políticas, planes y programas agroambientales se vieron fortalecidos mediante el conocimiento adquirido sobre las directrices de políticas agroambientales y el intercambio de lecciones aprendidas entre actores de otros países en América Latina y el Caribe.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

Cooperación técnica del BID dirigida a diseñar un sistema nacional que genere y disemine información relevante y oportuna para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas de competitividad y sostenibilidad de la caficultura salvadoreña. El proyecto busca fortalecer los sistemas de información del sector cafetalero mediante el desarrollo de un sistema estadístico conformado por registro de caficultores, censo cafetalero georeferenciado y encuestas complementarias que generen datos dinámicos de cobertura nacional. Incluye el diseño de mecanismos para captura y análisis de información de mercados nacionales e internacionales, así como sistemas de trazabilidad utilizando metodología blockchain. El proyecto aborda la problemática de falta de información especializada que limita el diseño e implementación de políticas efectivas para un sector que representa el 22% de los bosques del país y ha sido históricamente motor económico nacional. La iniciativa apoya la ejecución del préstamo ES-L1135 "Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador".