El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP tiene el principal banco de germoplasma para cultivos en el país. Este requiere fortalecerse, no solamente en temas operativos y de gestión, sino incluso en infraestructura. Una alianza con CROP TRUST (Global Crop Diversity Trust), institución internacional sin fines de lucro dedicada a la conservación de la diversidad de cultivos, permite el financiamiento de una primera fase de fortalecimiento de capacidades del Banco de Germoplasma de INIAP. Esta propuesta forma parte de la iniciativa "Biodiversidad para Oportunidades, Medios de Vida y Desarrollo (BOLD)" que el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos está llevando a cabo en asociación con instituciones especializadas nacionales e internacionales.

Apoyar al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en los aspectos administrativos para la ejecución en el Ecuador del Programa “Scaling-Up Ecosystem Based Adaptation Measures in Rural Latin America" (EbA LAC).

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

El reglamento, establecido para el Decreto Supremo N° 014-2024-MINAM, tiene como finalidad desarrollar lo establecido en la Ley N.º 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, precisando la naturaleza y estructura del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), los roles que desempeñan sus integrantes, los instrumentos de gestión ambiental existentes, y los mecanismos de coordinación y articulación entre los distintos actores que forman parte del sistema, este reglamento busca asegurar el funcionamiento adecuado del SNGA, promoviendo la coherencia en las acciones de las entidades que lo integran durante la implementación de la Política Nacional del Ambiente. Todo ello respetando sus respectivas autonomías y contribuyendo de manera efectiva a la protección del medio ambiente, así como a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Las disposiciones de este reglamento son aplicables a todas las entidades públicas de los niveles de gobierno nacional, regional y local que ejerzan competencias, funciones o atribuciones relacionadas con el ambiente y los recursos naturales. También alcanza a las personas naturales o jurídicas del ámbito privado que participen en la gestión ambiental o en el manejo de dichos recursos.

El objetivo principal de esta Ley es asegurar que las entidades públicas cumplan de manera efectiva con sus metas ambientales. Para ello, se busca fortalecer la coordinación intersectorial en la gestión ambiental, así como consolidar el papel del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y de las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye evitar superposiciones, omisiones, duplicidades, vacíos o conflictos en sus competencias. En ese marco, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene como propósito guiar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la ejecución de políticas, planes, programas y acciones orientadas a la protección del medio ambiente. Asimismo, contribuye a la conservación y al uso sostenible de los recursos naturales, tal como se establece en el Artículo 3 de la presente norma.

Este Decreto Legislativo establece la regulación del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), cuyo propósito es fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología en el ámbito agrario, con el objetivo de promover la modernización y aumentar la competitividad del sector agrícola.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

Esta cooperación técnica busca analizar el estatus de adopción de prácticas agroecológicas en Uruguay, estudiar sus relaciones con la huella de carbono del país y los objetivos del Acuerdo de París, y definir acciones concretas para financiar en el sector agropecuario con el fin de promover la adopción de prácticas agroecológicas y reducir la huella de carbono. La iniciativa responde a la necesidad de balancear el rol de la agricultura como motor económico de Uruguay y su impacto ambiental como principal emisor de gases de efecto invernadero, aprovechando las ventajas del país en su transición hacia una agricultura sostenible y alineándose con la estrategia de cambio climático comprometida por Uruguay para el desarrollo agropecuario con bajas emisiones.

Esta Cooperación Técnica (CT) tiene como objetivo apoyar al Gobierno de Colombia en el desarrollo de políticas y regulaciones para impulsar un crecimiento limpio y resiliente en el marco de las estrategias y planes de recuperación económica post-COVID-19. Los objetivos específicos son: fortalecer la estrategia del país en mercados de carbono para contribuir al logro de las metas de mitigación, apoyar la elaboración de reglamentos técnicos para promover proyectos de energía limpia y acceso local a dichas fuentes, y desarrollar herramientas y capacidades para fortalecer las evaluaciones de riesgo climático y sostenibilidad ambiental en iniciativas de asociaciones público-privadas. La CT busca dinamizar los mercados de carbono, impulsar la transición energética y asegurar que las iniciativas de infraestructura consideren los riesgos climáticos.