Asignación presupuestaria para 2027 de la segunda fase del Plan de Política de Naturaleza y Medio Ambiente del Caribe Neerlandés, orientada a fortalecer y restaurar los ecosistemas de Bonaire, San Eustaquio y Saba. Comprende la restauración de vegetación y corales, el control de la erosión y el sobrepastoreo, la reducción de especies invasoras y de la contaminación del agua, y la mejora de la conservación y el monitoreo de la naturaleza. Su objetivo es lograr un entorno natural más resiliente al cambio climático que contribuya a un ambiente de vida saludable y a la economía de las islas.

Entrega de bombas de agua a motor a 150 productores agrícolas de siete cantones de la provincia de Manabí (Chone, Tosagua, Portoviejo, Santa Ana, 24 de Mayo, Rocafuerte y Sucre), para evacuar el agua acumulada en parcelas inundadas y para regar en períodos de sequía. Busca apoyar al sector productivo, asegurar la continuidad de los ciclos de producción, mitigar los impactos climáticos y contribuir a la soberanía alimentaria mediante un apoyo directo a familias rurales.

Acciones estratégicas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el marco de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, para atender oportunamente la emergencia por sequía durante 2026 y 2027. La intervención busca fortalecer las operaciones de almacenamiento, mejorar la logística institucional y garantizar el resguardo eficiente de alimentos destinados a la población guatemalteca.

La Ley 543 de 7 de julio de 2026 de Panamá establece la identificación obligatoria del origen y la diferenciación de productos alimenticios originales, sucedáneos e imitaciones comercializados en el territorio nacional, con el propósito de proteger los derechos de los consumidores y de los productores nacionales, prevenir prácticas comerciales engañosas y garantizar información clara sobre la naturaleza y procedencia de los alimentos. La norma exige que los establecimientos comerciales identifiquen visiblemente los productos como nacionales o importados, indiquen su denominación en español y señalen el país de origen. Los productos sucedáneos o de imitación deben identificarse mediante señalización específica y exhibirse separados de los productos originales por una distancia mínima de un metro. Asimismo, la ley establece disposiciones para preservar la identificación y las características de comercialización de los alimentos importados y evitar que productos alimenticios sean presentados de manera engañosa respecto de su origen, composición o condición. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es responsable de fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones y aplicar sanciones administrativas. Las multas previstas oscilan entre mil y cinco mil balboas por una primera infracción y entre cinco mil uno y quince mil balboas en caso de reincidencia. La ley contempla medidas de educación y concienciación de los consumidores, califica determinadas infracciones como fraude alimentario y deroga la Ley 113 de 2019. Fue promulgada y publicada el 7 de julio de 2026 y dispone su entrada en vigor un año después, el 7 de julio de 2027. Su finalidad principal es mejorar la transparencia de la información comercial y facilitar decisiones de compra informadas, sin prohibir la comercialización de alimentos sucedáneos o de imitación.

Protocolo que modifica el capítulo arancelario del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos. La modificación sustituye las referencias a los aranceles recíprocos y establece para los bienes argentinos el trato arancelario de nación más favorecida vigente en Estados Unidos, sujeto a su legislación sobre seguridad nacional, aumentos de importaciones y prácticas comerciales desleales. El acuerdo también contempla licencias de importación automáticas, reconocimiento regulatorio para determinados productos estadounidenses y disposiciones sobre inversiones. Su entrada en vigor requiere la finalización de los procedimientos internos de aprobación de ambos países, incluida la ratificación del Congreso argentino.

Declara el estado de Alerta Institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay y de la institucionalidad agropecuaria ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. Mantiene en sesión permanente al grupo interinstitucional de monitoreo y gestión de la emergencia agroclimática, encargado de elaborar e implementar un plan de contingencia, coordinar con autoridades nacionales y departamentales, contribuir al sistema de alerta temprana, sistematizar información científica y promover microcréditos, microfinanzas y garantías para que productores y organizaciones rurales reduzcan la vulnerabilidad de sus unidades productivas.

Cooperación técnica no reembolsable para fortalecer la gestión pesquera y la economía local en comunidades de la cuenca del río Putumayo, bajo un enfoque binacional de sostenibilidad en la Zona de Integración Fronteriza entre Colombia y Perú. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante mesas binacionales, diagnósticos y monitoreo; impulsa bionegocios de la cadena pesquera con capacitación, asistencia técnica y equipamiento para diversificar ingresos y acceder a mercados; y mejora la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas mediante planes comunitarios, educación nutricional y soluciones colectivas de acceso a agua y alimentos.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Esta iniciativa es una Cooperación Técnica (HA-T1341) en Haití para apoyar el desarrollo rural y agropecuario sostenible, enfocada en fortalecer la ejecución de la operación PAPAIR (HA-J0002) y en identificar nuevas oportunidades de inversión que mejoren productividad, seguridad alimentaria y resiliencia climática en el norte del país. La CT responde a retrasos y limitaciones de capacidad operativa del MARNDR en la implementación de PAPAIR (baja tasa de desembolso y dificultades en adquisiciones, gestión operacional y planificación), agravadas por el contexto de inestabilidad política, institucional y de seguridad. Sus objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad del Ministerio para implementar PAPAIR, (ii) sistematizar lecciones aprendidas de operaciones pasadas y en curso (incluyendo instrumentos de incentivos, subsidios y asistencia técnica, y experiencias del sector privado), y (iii) apoyar el diseño de nuevas estrategias e inversiones (incluyendo cadenas de valor sostenibles y un estudio de factibilidad para rehabilitación de infraestructura de riego). La CT se estructura en tres componentes: apoyo a la gestión de ejecución de PAPAIR mediante consultorías (compras/contratos, infraestructura rural, M&E, género y diversidad), análisis de lecciones aprendidas, e identificación/diseño de nuevas estrategias e inversiones; con productos compartidos con autoridades y actores públicos, privados y socios de desarrollo. Será ejecutada por el BID a solicitud del Gobierno de Haití, con coordinación técnica permanente con el MARNDR (reuniones mensuales y punto focal), y se financiará con recursos OC-SDP de las Ventanillas W1D y W2A/W2B, por un total de US$300.000 para 24 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2025.