Panamá puso en marcha una nueva Política Agroalimentaria de Estado, diseñada de forma conjunta, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo del sector y el derecho humano a la alimentación de la población panameña. La legislación fue elaborada tras un proceso de análisis y diálogo participativo con todos los actores del ámbito público y privado del sector que llevó más de dos años y contó con una importante participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).