La CEDAW obliga a los Estados que la ratifican (Estados parte) a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad tanto en las normas y leyes, como en los hechos y resultados: la igualdad en la vida real de las mujeres y las niñas. Los Estados parte han de poner todos los medios a su alcance para la consecución de tal fin.