Este proyecto busca imponerle al Estado el deber de garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina, entre ellos el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar su calidad de vida.