Durante décadas, los gobiernos de la región han avanzado en la digitalización de sus servicios, proceso que se aceleró con la crisis del COVID-19 al evidenciar desafíos como las desigualdades, la brecha digital y los riesgos para la salud pública. Enfrentar estos retos exige una transformación profunda del sector público que vaya más allá de digitalizar procesos existentes, incorporando enfoques centrados en el usuario, políticas basadas en datos y un uso estratégico de la tecnología. Para ello, los gobiernos necesitan un nuevo modelo de prestación de servicios que facilite la adopción de tecnologías y promueva soluciones colaborativas.