Los países deben integrar criterios climáticos en sus sistemas de inversión pública para desarrollar economías bajas en carbono y fortalecer la resiliencia ante eventos climáticos. En América Latina y el Caribe, aunque se han alineado las inversiones con compromisos climáticos, aún faltan lineamientos claros. Los mayores avances se observan en la evaluación ex ante, con metodologías de gestión de riesgos, pero la inclusión formal de indicadores climáticos en la selección de proyectos sigue siendo limitada. La gobernanza climática avanza, aunque con una participación reducida del SNIP. La principal barrera sigue siendo la débil capacidad institucional, lo que resalta la necesidad de su fortalecimiento.