La Resolución Nº 4.327 establece las directrices que deben observar las instituciones financieras y demás entidades autorizadas por el Banco Central de Brasil en el establecimiento e implementación de su Política de Responsabilidad Socioambiental (PRSA). Define principios de relevancia y proporcionalidad, orientando la gestión del riesgo socioambiental en las operaciones financieras. El marco exige la creación de estructuras de gobernanza, mecanismos de monitoreo, comités consultivos y planes de acción específicos para mitigar impactos ambientales y sociales. Asimismo, establece la obligación de evaluar la política cada cinco años y de mantener registros de pérdidas por daños socioambientales durante al menos cinco años. Su objetivo es integrar la responsabilidad socioambiental a la gestión de riesgos, productos, servicios y relaciones con las partes interesadas en el sistema financiero brasileño.