La Ley Básica de la Reforma Agraria de El Salvador establece la transformación de la estructura agraria del país mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra basado en la equitativa distribución de la misma. La ley reconoce y garantiza la propiedad privada en función social, estableciendo límites máximos de tenencia de tierra (100 hectáreas en suelos clase I-IV y 150 hectáreas en suelos clase V-VII) y requisitos de cumplimiento para mantener la propiedad. Regula los procesos de afectación, adquisición y expropiación de tierras que excedan los límites establecidos, así como su posterior asignación a asociaciones cooperativas agropecuarias y organizaciones de trabajadores rurales. El marco legal crea el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) como ejecutor del proceso y establece mecanismos de administración provisional, sistemas de pago mediante bonos de reforma agraria, y procedimientos para garantizar la incorporación de la población rural al desarrollo económico y social del país.