La Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, declarada de interés público y aplicación obligatoria, se establece con el fin de proteger los vegetales de los daños causados por plagas, prevenir su introducción y difusión, y regular su manejo dentro de un marco de desarrollo sostenible. La ley enfatiza en el uso regulado de sustancias químicas y biológicas en la agricultura, procurando proteger tanto la salud humana como el ambiente, y busca evitar que las medidas fitosanitarias se conviertan en obstáculos innecesarios para el comercio internacional. Administrativamente, la ley asigna la autoridad y funciones al Servicio Fitosanitario del Estado, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que incluye el control de la calidad fitosanitaria, la erradicación y control de plagas, y la regulación del uso de organismos genéticamente modificados. Además, establece la colaboración de diversas entidades para el cumplimiento de la ley y la aceptación de medidas fitosanitarias extranjeras, siempre que cumplan con los niveles de protección adecuados. La última reforma a la ley se realizó en julio 2024.