La Ley tiene como objetivo principal evitar el desperdicio de alimentos y promover su donación a las comunidades más vulnerables del estado. Para ello, establece la creación de Bancos de Alimentos, los cuales recolectan, preservan y distribuyen alimentos que, aunque no cumplan con ciertos estándares comerciales, son aptos para el consumo humano. La ley fomenta la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y los establecimientos comerciales para asegurar que los alimentos recuperados lleguen a las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en zonas con altos índices de marginación. Entre las acciones que promueve, la ley establece mecanismos para la donación de productos perecederos, enlatados y envasados, que de otro modo serían desechados. También estipula sanciones para quienes hagan un uso lucrativo de estas donaciones y para los funcionarios públicos que interfieran en su distribución. Las instituciones involucradas, como la Secretaría de Bienestar, tienen la responsabilidad de coordinar la recuperación y distribución de los alimentos, asegurando su entrega a las comunidades con mayor necesidad.