La Ley establece el Seguro Agropecuario en Colombia como un instrumento para incentivar y proteger la producción agropecuaria, forestal, pesquera y de acuicultura. Su objetivo es mejorar económicamente estos sectores, promover su ordenamiento económico y contribuir al desarrollo global del país. El seguro protege las inversiones agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas financiadas con recursos de crédito del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario o con recursos propios del productor. Las entidades aseguradoras públicas y privadas, así como otras entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, están facultadas para expedir pólizas directamente o mediante convenios de reaseguros o coaseguros. La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y otras entidades estatales deben expedir pólizas, especialmente cuando no haya entidades privadas que lo hagan. La cobertura del seguro incluye perjuicios causados por riesgos naturales (meteorológicos, geológicos, biológicos), antrópicos, de mercado y comercialización, transporte, entre otros. El seguro agropecuario se implementa gradualmente por regiones y cultivos, y se exige la contratación de asistencia técnica. Se crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA), administrado por FINAGRO, con el objetivo de subsidiar primas de seguros, financiar el fortalecimiento técnico del seguro, otorgar subsidios para instrumentos de gestión de riesgos y obtener información relevante. Los recursos del FNRA provienen de partidas del Presupuesto General de la Nación, primas de seguros, créditos, donaciones, aportes de entidades públicas o privadas y utilidades del FNRA.