La Ley tiene como objetivo principal establecer los mecanismos necesarios para promover la modernización agrícola en el país, con el fin de aumentar la producción, mejorar su comercialización tanto interna como externa, desarrollar la agroindustria y utilizar de manera racional los recursos naturales renovables. Esta ley busca coordinar las actividades del sector público y privado, garantizando la participación efectiva de productores agrícolas y forestales, y promoviendo la inversión en el sector para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Entre las acciones destacadas de la ley, se encuentran la consolidación de la organización del Sector Público Agrícola, la implementación de políticas para incentivar la inversión en el campo, la promoción del desarrollo agroindustrial y la exportación de productos agrícolas, y el fortalecimiento de los servicios de transferencia de tecnología a los productores. Además, la ley establece un marco adecuado para la seguridad en la tenencia de la tierra y el acceso a la misma, permitiendo inversiones productivas mediante contratos de arrendamiento o coinversión. También incluye medidas para la reforma agraria, garantizando la inafectabilidad de tierras agrícolas y promoviendo la adjudicación de parcelas para su explotación racional y sostenible.