El Acuerdo tiene como objetivo principal fomentar la protección y mejora del medio ambiente a través de acciones domésticas y cooperación bilateral, promoviendo políticas ambientales y económicas sostenibles. Las acciones específicas incluyen establecer altos niveles de protección ambiental y mejorar continuamente las leyes y políticas ambientales de acuerdo con los niveles de desarrollo y recursos disponibles de cada país. También se asegura la aplicación efectiva de las leyes ambientales mediante acciones gubernamentales, proporcionando procedimientos legales para sancionar o remediar violaciones. El acuerdo prohíbe relajar las leyes ambientales para fomentar el comercio o la inversión y exige mantener procedimientos adecuados para evaluar los impactos ambientales de los proyectos propuestos, asegurando la participación pública y la divulgación de información. Además, garantiza que las leyes, regulaciones y resoluciones administrativas relevantes sean accesibles al público y promueve la participación pública en su desarrollo. El acuerdo también fomenta prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa para alinear los objetivos económicos y ambientales, y promueve medidas voluntarias y basadas en incentivos para mejorar el desempeño ambiental.