El Decreto subraya la importancia de regular y asegurar la bioseguridad en las granjas porcinas del país, reconociendo la industria porcina como una política pública de alta relevancia económica y estratégica para la seguridad alimentaria nacional. En vista del aumento significativo en el número de granjas porcinas y la falta de regulaciones específicas, el decreto busca mitigar el impacto de enfermedades infecciosas como la peste porcina clásica (PPC) y la peste porcina africana (PPA), que han causado pérdidas económicas y restricciones en las exportaciones. En cumplimiento con la Ley núm. 4030 de 1955, que se centra en la defensa sanitaria del ganado, se instruye al Ministerio de Agricultura a desarrollar un reglamento que facilite el registro, vigilancia, notificación temprana y diagnóstico de enfermedades, además de establecer requisitos para el manejo de residuos. El objetivo es garantizar la sanidad animal, proteger la salud pública y promover el desarrollo sostenible de la industria porcina dominicana.