La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) busca establecer un marco regulatorio integral para el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Clasifica los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo (inaceptable, alto, limitado y mínimo) y establece requisitos estrictos para los sistemas de alto riesgo, incluyendo la gestión de riesgos y la transparencia. La ley crea un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial para supervisar su implementación y propone sanciones significativas para las empresas que no cumplan con las regulaciones, asegurando así un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los valores de la UE. A su vez, se define a la IA como una familia de tecnologías en rápida evolución que contribuye a una amplia gama de beneficios económicos, medioambientales y sociales en todo el espectro de industrias y actividades sociales. Al mejorar la predicción, optimizar las operaciones y la asignación de recursos, y personalizar las soluciones digitales disponibles para particulares y organizaciones, el uso de la IA puede proporcionar ventajas competitivas clave a las empresas y apoyar resultados social y ambientalmente beneficiosos, por ejemplo en la asistencia sanitaria, la agricultura, la seguridad alimentaria, la educación y la formación, entre otros.