El objetivo principal de la ley es promover, proteger y garantizar el derecho a una alimentación adecuada y sostenible. Además, busca priorizar el derecho a la salud y el medio ambiente en las políticas relacionadas con la alimentación, fomentar la producción y consumo de alimentos nutritivos, inocuos y culturalmente adecuados, fortalecer la autosuficiencia y la seguridad alimentaria del país, e involucrar a la sociedad en las acciones para garantizar este derecho. Entre las acciones clave de la ley se incluyen el establecimiento de mecanismos de planificación y coordinación entre diferentes niveles de gobierno, la promoción de entornos alimentarios sostenibles, y la regulación del abasto, calidad y distribución equitativa de alimentos. La ley también asegura la infraestructura adecuada para la captación y almacenamiento de agua para la producción alimentaria, poniendo especial atención en apoyar a los pequeños agricultores y productores agrícolas de pequeña y mediana escala. Además, estipula que las dependencias de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos estatales y municipales, deberán incorporar al menos un 15% de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios directamente de productores de pequeña y mediana escala de los sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero.