Esta cooperación técnica busca contribuir al incremento de la productividad agropecuaria de la región a través de la mejora de la eficiencia de los sistemas de investigación agropecuaria de Centroamérica y República Dominicana. Se enfoca en superar las limitaciones que enfrentan estos sistemas para alcanzar su misión mediante la recopilación y análisis de datos sobre indicadores de ciencia y tecnología agrícola. La iniciativa incluye la actualización de los indicadores ASTI para el período 2013-2020, el análisis del desempeño de los sistemas de investigación y la difusión de resultados.

La NAMA para un Sector Ganadero Bajo en Carbono y Resiliente al Clima en Honduras busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero mediante prácticas sostenibles que aumenten la productividad y resiliencia de las fincas. Se implementarán sistemas silvopastoriles, biodigestores, fertilizantes orgánicos y bloques nutricionales para mejorar el manejo ganadero y disminuir la deforestación. Esta iniciativa se alinea con los planes nacionales de desarrollo, contribuyendo a metas de reducción de pobreza, generación de empleo, restauración ecológica y mitigación climática. Se espera transformar el sector ganadero en un sumidero neto de carbono, con impactos positivos sociales, ambientales y económicos. La implementación contempla dos escenarios de reducción, con metas de conversión del 20% o 30% de las prácticas actuales a sostenibles.

El Observatorio de Bosques y Cambio Climático (OBCC) es una plataforma colaborativa, integrada por pueblos y nacionalidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y la academia, que contribuye al monitoreo del impacto de políticas, programas y mecanismos de financiamiento relacionados con la agenda climática mundial y la implementación de REDD+ en la Amazonía ecuatoriana.

El Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 012-2023-MINAM desarrolla las disposiciones de la Ley N.º 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) en el territorio nacional, adecuándose al nuevo plazo dispuesto por la Ley N.º 31111, que extiende la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2035. Su finalidad es impedir la liberación al ambiente de OVM con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, y fortalecer las capacidades nacionales mediante el desarrollo de infraestructura y líneas de base para la evaluación y gestión de riesgos. El reglamento se aplica a los OVM destinados a ser liberados al ambiente, y excluye aquellos empleados en investigación en espacios confinados, los utilizados en productos farmacéuticos o veterinarios regulados por tratados internacionales, y los OVM o sus derivados importados para alimentación directa o procesamiento.

Se establece una moratoria vigente hasta el 31 de diciembre de 2035 que prohíbe el ingreso y la producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) destinados al cultivo o crianza, incluidos los organismos acuáticos, cuando estos sean liberados al ambiente. Como disposición complementaria, se encarga al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Ambiente (MINAM), en su calidad de autoridad nacional competente, la elaboración en un plazo de 60 días calendario, de un plan calendarizado para el cumplimiento de los objetivos de la Ley N.° 29811, considerando la ampliación del plazo dispuesto por la presente ley. Asimismo, se deberá adecuar el reglamento y demás normas relacionadas a dicho nuevo periodo de vigencia.

La política busca asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y armonización dentro del Sistema de la Integración Centroamericana. Se enfoca en contribuir a la seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la población mediante nueve componentes estratégicos que incluyen fortalecimiento institucional, gobernanza regional, ordenación pesquera, cambio climático y comercio regional. La política promueve la participación de actores organizados con equidad de género y considera especialmente a las poblaciones indígenas relacionadas con la pesca y acuicultura.

Esta cooperación técnica busca contribuir al incremento de la productividad agropecuaria de la región a través de la mejora de la eficiencia de los sistemas de investigación agropecuaria de Centroamérica y República Dominicana. Se enfoca en superar las limitaciones que enfrentan estos sistemas para alcanzar su misión mediante la recopilación y análisis de datos sobre indicadores de ciencia y tecnología agrícola. La iniciativa incluye la actualización de los indicadores ASTI para el período 2013-2020, el análisis del desempeño de los sistemas de investigación y la difusión de resultados.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

Esta cooperación técnica busca analizar el estatus de adopción de prácticas agroecológicas en Uruguay, estudiar sus relaciones con la huella de carbono del país y los objetivos del Acuerdo de París, y definir acciones concretas para financiar en el sector agropecuario con el fin de promover la adopción de prácticas agroecológicas y reducir la huella de carbono. La iniciativa responde a la necesidad de balancear el rol de la agricultura como motor económico de Uruguay y su impacto ambiental como principal emisor de gases de efecto invernadero, aprovechando las ventajas del país en su transición hacia una agricultura sostenible y alineándose con la estrategia de cambio climático comprometida por Uruguay para el desarrollo agropecuario con bajas emisiones.