CONAB es una empresa pública que genera información e inteligencia agrícola para la formulación y operación de políticas públicas que contribuyen a la oferta regular y formación de ingresos de los productores rurales. La empresa desempeña un papel estratégico al proporcionar al Gobierno Federal información técnica que respalda la toma de decisiones en el desarrollo de políticas orientadas a la agricultura.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) financia con recursos federales la atención de alimentos a estudiantes matriculados en todas las etapas y modalidades de la educación básica a nivel nacional. En esta ficha se destaca la consideración especial que dentro del PNAE a los productos orgánicos provenientes de la agricultura familiar, ya sean frescos o procesados, son obtenidos en un sistema de producción agrícola orgánica o de un proceso extractivo sostenible que no es perjudicial para el ecosistema local. Además, es importante destacar que el concepto de sistema de producción orgánico abarca diversos métodos de producción sostenible, los cuales adoptan distintas denominaciones, tales como ecológico, biodinámico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura.

La Cooperativa Central de Reforma Agraria de Santa Catarina es una cooperativa agrícola familiar que impulsa la reforma agraria popular y la producción de alimentos orgánicos y agroecológicos. Tiene sus orígenes en la Reforma Agraria, que tiene como objetivo universalizar el acceso a los medios de producción de alimentos. La cooperativa está formada por siete cooperativas de la región: COOPEROESTE, COANA, COOPERCONTESTADO, COPAVI, COOPERDOTCHI, COOPERUNIÃO, y COPROESTE. Su visión y la de sus afiliados es desarrollar un conjunto de acciones dedicadas a promover el desarrollo de la comunidad rural de manera justa y equitativa.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015–2021, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 008-2015-MINAGRI, es un instrumento multisectorial de alcance nacional que orienta la intervención del Estado para garantizar el acceso sostenido a alimentos inocuos y nutritivos, con un enfoque preventivo y de derechos. Su objetivo general es asegurar que la población peruana pueda satisfacer, en todo momento, sus requerimientos nutricionales mediante el acceso y consumo adecuado de alimentos. El plan se estructura en torno a cinco dimensiones clave de la seguridad alimentaria: (i) disponibilidad, (ii) acceso, (iii) utilización, (iv) estabilidad y (v) fortalecimiento institucional. En cuanto a sus objetivos específicos, estos incluyen: (a) garantizar una producción suficiente de alimentos agropecuarios e hidrobiológicos, inocuos y nutritivos; (b) asegurar el acceso equitativo a alimentos de calidad, con prioridad en los grupos más vulnerables; y (c) promover el consumo adecuado respetando hábitos alimentarios e interculturalidad.

El Plan estratégico para Honduras (2023-2027) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) establece una estrategia integral para abordar la inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza en Honduras, centrándose en el desarrollo de sistemas alimentarios y medios de subsistencia más resilientes y diversos, tanto en zonas rurales como urbanas. El plan tiene como objetivo contribuir a la creación de comunidades más prósperas y saludables, fortaleciendo los sistemas nacionales de protección social y la preparación y respuesta ante emergencias. Con un presupuesto total de 634,635,721 dólares, este plan estratégico enfatiza el fortalecimiento de capacidades, la promoción de cambios de comportamiento para mejorar dietas, el fomento de la igualdad de género y la reducción de la violencia de género, abarcando todo el territorio nacional con mayor atención a zonas urbanas y periurbanas.

El Decreto Supremo N.° 012-2021-MIDAGRI aprueba el Reglamento de la Ley N.° 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, estableciendo las disposiciones necesarias para su aplicación. Su finalidad es promover la economía local, diversificar la oferta de alimentos destinados al consumo humano y contribuir a la seguridad alimentaria a través de mecanismos de adquisición pública que prioricen productos provenientes de la agricultura familiar.