La Ley N.º 8591 de Costa Rica está diseñada para desarrollar, promover y fomentar la actividad agropecuaria orgánica. Declara esta actividad de interés público debido a sus beneficios para la salud humana, animal y vegetal, y para el ambiente. Establece un marco para fortalecer los mecanismos de control y promoción de productos orgánicos, buscando también la competitividad y rentabilidad de estos productos. Prioriza el beneficio de micro, pequeñas y medianas productoras, la equidad de género, y la protección ambiental. La ley define lo que constituye la actividad agropecuaria orgánica, diferenciándola de la agricultura convencional, y establece reglas específicas para la certificación y transición hacia prácticas orgánicas. También fomenta la educación y la investigación en agricultura orgánica, establece un marco para la comercialización de productos orgánicos, y proporciona varios incentivos fiscales y financieros para apoyar a los productores orgánicos. Además, promueve el uso de semillas criollas y establece medidas estrictas contra la contaminación por organismos genéticamente modificados.

La Ley 11.947 de Alimentación Escolar en Brasil destaca la importancia de integrar productos de la agricultura familiar en las compras para el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). Según esta ley, se establece que al menos el 30% de los alimentos comprados para el programa escolar deben provenir de la agricultura familiar. Esta medida busca apoyar a los pequeños agricultores y promover el consumo de productos locales y sostenibles dentro de las escuelas, lo que además contribuye a mejorar la economía local y garantizar una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada para los estudiantes.

El decreto tiene como principal objetivo fomentar las actividades económicas y productivas de las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM's). Este decreto busca promover el acceso de las OECOM's al mercado y a las compras estatales, en un marco de economía comunitaria y agricultura familiar sustentable, asegurando su desarrollo y fortalecimiento conforme al mandato constitucional. El decreto establece varios capítulos que abarcan desde la certificación del SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), que facilitará la certificación sanitaria y fitosanitaria de los productos de las OECOM's, hasta la promoción de la comercialización de sus productos a través del Sello Social Boliviano. Además, se establecen medidas para dar preferencia en compras privadas, donde los centros de comercialización deberán incluir un mínimo del 10% de productos de las OECOM's, y esta cantidad será ajustada progresivamente cada año. También se contempla asistencia técnica, acceso a mercados internos y externos, y la promoción de la producción ecológica y el uso sustentable de la biodiversidad.