El proyecto desarrolla y valida metodologías para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas ganaderos de doble propósito en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, combinando análisis indirectos basados en el IPCC (2006) con estudios experimentales en pasturas y mediciones de metano entérico. A través de la clasificación de fincas según su nivel de intensificación, la iniciativa evalúa las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O, su relación con la productividad y los factores económicos, demostrando que los sistemas con mejor manejo forrajero y suplementación generan menores emisiones por unidad de producto. Además de generar factores de emisión locales y herramientas de cálculo más precisas (Tier 2), el proyecto fortalece capacidades mediante capacitaciones a productores, promoviendo prácticas ganaderas sostenibles y competitivas con bajas emisiones de GEI.

El proyecto busca fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe mediante la creación de una red regional de mejoramiento genético de hortalizas que promueva una agricultura resiliente, sostenible y nutritiva. Esta iniciativa fomenta la cooperación científica, el desarrollo de nuevas variedades adaptadas al cambio climático y la formación de capacidades en genómica y fenómica. Además, busca mejorar la salud pública mediante el acceso a alimentos más sanos y reducir los costos médicos derivados de la malnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes.

Iniciativa orientada a revitalizar el sector lechero hondureño mediante la capacitación de pequeños productores, asistencia técnica, transferencia de tecnología y fortalecimiento de prácticas de calidad en la producción de leche. El proyecto busca incrementar la productividad, mejorar los estándares sanitarios, y formalizar la recolección y procesamiento de leche en beneficio de más de 1,000 granjas, contribuyendo tanto a la sostenibilidad de la cadena de valor como a la seguridad alimentaria nacional.

Este decreto establece el marco legal para la protección fitosanitaria y zoosanitaria en Honduras, regulando la sanidad vegetal, la salud animal, la inocuidad agroalimentaria y la cuarentena agropecuaria. La ley crea y organiza el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) como autoridad competente, encargada de la vigilancia epidemiológica, diagnóstico oficial, control de plagas y enfermedades, certificación e inspección sanitaria, regulación de insumos agropecuarios, campañas de prevención y erradicación, control de importaciones y exportaciones, acreditación de profesionales, y armonización con normas internacionales como OIE, CIPF y Codex.

El proceso de adopción del EUDR en Honduras es una iniciativa nacional liderada por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) con apoyo técnico de la Unión Europea, que coordina una mesa de trabajo técnico interinstitucional y multisectorial para asegurar que las exportaciones hondureñas de café, palma aceitera y cacao cumplan con los requisitos del Reglamento (UE) 2023/1115. El proceso comprende cinco componentes principales: revisión de tablas de legalidad con compendios de leyes aplicables a sistemas productivos, solución de problemas de tenencia de tierra mediante mecanismos legales, actualización de bases de datos geoespaciales de cobertura forestal al 2020 para verificación de cero deforestación, desarrollo de sistemas de georreferenciación incluyendo una aplicación móvil del IHCAFE para fincas cafetaleras, y fortalecimiento de sistemas de trazabilidad existentes en las cadenas productivas. La estrategia nacional integra al gobierno, sectores productivos (productores, cooperativas y exportadores), y asistencia técnica europea para garantizar el cumplimiento normativo manteniendo la competitividad de productos hondureños en mercados europeos que representan el 55% de exportaciones de café (769 millones USD en 2022-2023) y 59.4% de aceite de palma (339 millones EUR en 2021).

El Decreto No. 63-2024 del Congreso Nacional de Honduras reforma el Artículo 109-A de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 98-2007) estableciendo requisitos legislativos reforzados para la modificación de áreas protegidas del país. La reforma establece que cualquier reducción de un área protegida y vida silvestre solo podrá ser declarada mediante reforma legislativa aprobada por mayoría calificada de las dos terceras partes (2/3) de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, elevando significativamente el umbral de aprobación respecto a la mayoría simple requerida anteriormente. Paralelamente, establece que las ampliaciones de zonas de amortiguamiento y zonas núcleo de áreas protegidas pueden ser aprobadas por mayoría simple de los diputados presentes en sesión, incentivando la expansión de la protección. El decreto responde a compromisos constitucionales (Artículo 145 sobre conservación de recursos naturales y Artículo 340 sobre derecho humano al agua), obligaciones internacionales bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, y recomendaciones del Examen Periódico Universal 2020 sobre fortalecimiento de marcos legislativos ambientales. Entró en vigor el 18 de julio de 2024 con su publicación en La Gaceta.

El proyecto desarrolla y valida metodologías para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas ganaderos de doble propósito en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, combinando análisis indirectos basados en el IPCC (2006) con estudios experimentales en pasturas y mediciones de metano entérico. A través de la clasificación de fincas según su nivel de intensificación, la iniciativa evalúa las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O, su relación con la productividad y los factores económicos, demostrando que los sistemas con mejor manejo forrajero y suplementación generan menores emisiones por unidad de producto. Además de generar factores de emisión locales y herramientas de cálculo más precisas (Tier 2), el proyecto fortalece capacidades mediante capacitaciones a productores, promoviendo prácticas ganaderas sostenibles y competitivas con bajas emisiones de GEI.

La NAMA para un Sector Ganadero Bajo en Carbono y Resiliente al Clima en Honduras busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero mediante prácticas sostenibles que aumenten la productividad y resiliencia de las fincas. Se implementarán sistemas silvopastoriles, biodigestores, fertilizantes orgánicos y bloques nutricionales para mejorar el manejo ganadero y disminuir la deforestación. Esta iniciativa se alinea con los planes nacionales de desarrollo, contribuyendo a metas de reducción de pobreza, generación de empleo, restauración ecológica y mitigación climática. Se espera transformar el sector ganadero en un sumidero neto de carbono, con impactos positivos sociales, ambientales y económicos. La implementación contempla dos escenarios de reducción, con metas de conversión del 20% o 30% de las prácticas actuales a sostenibles.

El programa concentra sus esfuerzos en apoyar al Gobierno hondureño en la creación de herramientas metodológicas y de conocimiento que contribuyan al diseño de instrumentos normativos y de política pública basados en evidencia, a la descentralización y mejora de los sistemas de extensión y al fortalecimiento de la institucionalidad