El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

Colombia Agroalimentaria Sostenible es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que se centra en reducir la vulnerabilidad de la producción agropecuaria ante las amenazas climáticas para minimizar sus impactos en la competitividad del sector agropecuario colombiano y contar con una adecuada y estable disponibilidad de alimentos de calidad mediante el fortalecimiento de la gestión del riesgo climático, al mismo tiempo que se reducen los efectos de los gases de efecto invernadero y las emisiones de gases de la producción agrícola (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), s.f.) El proyecto busca cambiar el paradigma actual de producción agrícola de uso intensivo de insumos y de poca adaptación de tecnologías, para reducir la vulnerabilidad de los cultivos ante sequías, inundaciones y otros estresores climáticos. El proyecto es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, implementado por la Alianza Bioversity-CIAT y desarrollado en conjunto con 13 instituciones socias. Se financia con una combinación de recursos financieros de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el Gobierno de Colombia, instituciones de investigación agropecuaria (Alianza Bioversity – CIAT, CIMMYT y CIPAV), y las asociaciones de productores agropecuarios de Colombia, y recursos, tanto préstamos como fondos concesionales (subvenciones) del Fondo Verde del Clima (GCF). Cuenta con una inversión de 99.9 millones de dólares.

El proyecto busca desarrollar un protocolo para la financiación de proyectos de conservación de la biodiversidad mediante el uso de tokens digitales, utilizando como base el protocolo que Terrasos ha desarrollado para la emisión de créditos de biodiversidad voluntarios. Los recursos del proyecto estarán enfocados en el desarrollo de la tecnología que permita la conversión de los créditos de biodiversidad voluntarios a tokens de biodiversidad, el proceso de validación y su mercadeo. El beneficio principal es la conservación de 1.000 hectáreas del territorio colombiano, desarrollando un nuevo modelo de ingresos de finanzas climáticas que beneficiará directamente a las comunidades u organizaciones propietarias de las tierras donde se emitirán los tokens.

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para implementar proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero a través de los mercados de carbono voluntarios en todo el territorio nacional y de los mercados de carbono regulados a nivel internacional. Crea el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático (RENAMI) y define mecanismos para la certificación, registro y transferencia de créditos de carbono. Promueve la participación del sector público y privado en la mitigación y adaptación al cambio climático, estableciendo un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos que reduzcan, eviten o capturen emisiones de gases de efecto invernadero.

Se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones, Artículos 47, 48 y 49 (Impuesto Nacional al Carbono). Así mismo, consolidar el ajuste fiscal y contribuir a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo colombiano. Implementa un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente mediante la creación de impuestos saludables y ambientales.

El Artículo 6.2 del Acuerdo de París establece un marco para enfoques cooperativos voluntarios que implican el uso de resultados de mitigación de transferencia internacional para el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Permite a las Partes participar en transacciones bilaterales o multilaterales de unidades de reducción de emisiones, bajo la condición de promover el desarrollo sostenible, garantizar la integridad ambiental y la transparencia, aplicar una contabilidad robusta para evitar la doble contabilidad, y asegurar que dichas actividades sean consistentes con las orientaciones aprobadas por la Conferencia de las Partes.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

El Proyecto de Desarrollo de Zonas Francas Industriales en República Dominicana proporciona financiamiento a largo plazo para el desarrollo de infraestructura y construcción de naves industriales en zonas francas privadas, junto con la adquisición de maquinaria para empresas manufactureras. El proyecto incluye componentes de asistencia técnica para fortalecer las capacidades de gestión institucional, racionalizar los procedimientos de revisión de solicitudes de préstamos y mejorar el entendimiento de los requisitos para el crecimiento del sector en un entorno comercial cada vez más competitivo. Esta inversión ha resultado en la creación de aproximadamente 33,000 nuevos empleos, principalmente para trabajadores de bajos ingresos, y ha aumentado las exportaciones netas en aproximadamente $52 millones de dólares anuales.

Chile ha emitido Bonos Soberanos de ESG como parte de su estrategia de financiamiento sostenible. Estos bonos están vinculados a objetivos específicos de sostenibilidad, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la generación de energía renovable no convencional, y la mejora de la representación de mujeres en juntas directivas. Si Chile no cumple con los objetivos establecidos, los pagos de cupones de los bonos pueden aumentar. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Chile con la sostenibilidad y su liderazgo en el espacio de financiamiento ESG soberano.