El fin del proyecto es contribuir a reducir la pobreza rural de productores, emprendedores en el contexto de reactivación económica de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Napo y Sucumbíos. Mejorar los ingresos y los medios de vida de los productores, emprendedores, y empleados rurales focalizados, a través de mejoras en la competitividad de sus agronegocios y las oportunidades de empleo adecuado. Este objetivo es pertinente con el Marco Estratégico del FIDA 2016-2025 y en particular con el objetivo estratégico “Aumentar los beneficios de la participación en el mercado para la población rural pobre”, especialmente en el área de “Empresas rurales diversificadas y oportunidades de empleo”. También contribuye al logro de los objetivos de la Nota de Estrategia País del FIDA. en Ecuador 2022-2024: OE1. Incrementar las oportunidades de empleo para las familias rurales pobres y vulnerables y los grupos marginados, y OE2. Fomentar la competitividad, resiliencia y sostenibilidad de los productores y MIPYMES rurales y su vinculación a cadenas de valor bajo un enfoque de economía circular.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

La Fundación Maquita trabaja desde 1985 en comercio justo, economía social y solidaria para lograr una sociedad de iguales. Nació como una iniciativa de las Comunidades Eclesiales de Base del sur de Quito promoviendo el trueque y la comercialización sin intermediarios a través de la creación de canales directos entre la Costa y la Sierra hacia los Barrios del Sur de Quito. Inicialmente tomaron el nombre de Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH). Tiene como propósito generar cambios sostenibles que mejoran vidas. Cuenta con 177 emprendimientos de la Red de Comercio Justo (Maquita Cushunchic, s.f.). Maquita trabaja con 256 Organizaciones de base en 15 zonas y 3 regiones del país, con un total de 67.956 personas con escasos recursos económicos. Mujeres productoras: 11.288. Parte de la producción de los grupos con los que trabaja MCCH se dedica a la exportación (principalmente cacao, café, azúcar, confituras) y parte al mercado local ecuatoriano (PROYDE, s.f.)

El PESEM 2024–2030 del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables establece la estrategia sectorial para cumplir con los objetivos de las políticas nacionales del sector, alineándose con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funciones del MIMP. Contribuye al Objetivo Estratégico 1.5 del PEDN, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todas las personas, con especial atención a mujeres y grupos vulnerables, promoviendo además el respeto y valoración de la diversidad cultural y étnica. Este documento es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que forman parte del sector, así como para los distintos niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias y para otras entidades, actúa como una guía orientadora en la toma de decisiones relacionadas con la mujer y las poblaciones vulnerables.

La Política Nacional de Empleo Decente (PED) aprobada mediante el Decreto Supremo N° 013-. 2021-TR, surge como respuesta a la necesidad de enfrentar el déficit de empleo decente en el país, un problema público originado por seis causas directas e independientes. A través de esta política, el Estado peruano busca crear las condiciones institucionales, económicas y sociales que permitan a los trabajadores, especialmente para aquellos sin contrato formal, con ingresos por debajo de la remuneración mínima vital, sin acceso a seguridad social ni a una jornada laboral adecuada, acceder a un empleo digno en condiciones de igualdad y sin discriminación. La PED tiene como finalidad garantizar que la población económicamente activa ocupada pueda acceder a empleos productivos y decentes, promoviendo un entorno favorable para ello. La política se articula en torno a seis objetivos prioritarios: Mejorar las competencias laborales de las personas en edad de trabajar; Fortalecer la conexión entre la oferta y la demanda de trabajo; Aumentar la creación de empleo formal dentro de las unidades productivas; Ampliar el acceso de los trabajadores a la protección social, así como a sus derechos y beneficios laborales; Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para toda la fuerza laboral potencial; Desarrollar un entorno institucional y social propicio para el trabajo decente. La meta principal de esta política es que, para el año 2030, al menos uno de cada cinco peruanos cuente con un empleo que cumpla con los estándares de trabajo decente: contrato legal, remuneración justa, acceso a seguro de salud y sistema de pensiones, y una jornada laboral adecuada.

Esta política, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 013-2018-MINEDU, tiene como finalidad asegurar que la educación ofrecida en las zonas rurales sea pertinente y responda a las características, necesidades y realidades socioculturales de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Entre sus objetivos prioritarios se encuentran: garantizar el acceso a servicios educativos de calidad para la población rural; fortalecer las prácticas pedagógicas y la formación especializada del profesorado; asegurar la continuidad y finalización oportuna de la trayectoria educativa en estos ámbitos; y mejorar las condiciones de bienestar de estudiantes y docentes en contextos rurales.

El Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Oriental (PRODEMORO) busca reducir la pobreza rural en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután mediante estrategias de desarrollo de capital humano y social, transformación de actividades económicas de subsistencia en negocios rurales rentables, y rehabilitación de recursos naturales. El proyecto se implementa a través de tres componentes principales: desarrollo del capital humano y social, desarrollo de negocios rurales, y rehabilitación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Sus beneficiarios son 73,000 personas en condición de pobreza, incluyendo pequeños agricultores, microempresarios, artesanos y jóvenes rurales, con énfasis en la participación de mujeres jefas de hogar.

Esta Cooperación Técnica (CT) tiene como objetivo apoyar al Gobierno de Colombia en el desarrollo de políticas y regulaciones para impulsar un crecimiento limpio y resiliente en el marco de las estrategias y planes de recuperación económica post-COVID-19. Los objetivos específicos son: fortalecer la estrategia del país en mercados de carbono para contribuir al logro de las metas de mitigación, apoyar la elaboración de reglamentos técnicos para promover proyectos de energía limpia y acceso local a dichas fuentes, y desarrollar herramientas y capacidades para fortalecer las evaluaciones de riesgo climático y sostenibilidad ambiental en iniciativas de asociaciones público-privadas. La CT busca dinamizar los mercados de carbono, impulsar la transición energética y asegurar que las iniciativas de infraestructura consideren los riesgos climáticos.

Proyecto ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) de Uruguay con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) como socio ejecutor, enfocado en mejorar la resiliencia de sistemas ganaderos familiares sobre campo natural ante la variabilidad y cambio climático. El proyecto implementó buenas prácticas ganaderas validadas mediante un enfoque de co-innovación, trabajando con 51 predios beneficiarios que abarcan 17,000 hectáreas. Se desarrolló una metodología que combina el enfoque de sistemas, monitoreo dinámico y aprendizaje social, ejecutada por técnicos de campo en conjunto con familias productoras. El proyecto logró mejorar la productividad y estabilidad del campo natural, implementando prácticas de bajo costo y alto impacto.