Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.

El proyecto se propone aumentar los ingresos y mejorar la empleabilidad jóvenes mujeres y hombres −que cuentan con competencias técnicas básicas− brindándoles acceso a una capacitación pertinente, continua y de alta calidad.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

El Programa Nacional de Acción Alineado de Suriname para Combatir la Degradación de la Tierra es un marco estratégico integral desarrollado para abordar la desertificación, degradación de la tierra y sequía en Suriname durante el período 2023-2030. Este programa se alinea con el Marco Estratégico 2018-2030 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y busca alcanzar la neutralidad en la degradación de la tierra mediante la implementación de prácticas de manejo sostenible de la tierra y el suelo. El programa establece cinco objetivos estratégicos que incluyen mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, mitigar los efectos de la sequía, generar beneficios ambientales globales y movilizar recursos financieros y no financieros sustanciales. La implementación se realizará a través de un enfoque participativo que involucra a múltiples partes interesadas, incluyendo agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades locales, con especial énfasis en la participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones.

El Plan de Acción Nacional de Agricultura Familiar 2023–2026 (PLANAF), instrumento que orienta la implementación de políticas públicas para fortalecer la agricultura familiar en el Perú. Este plan articula acciones para mejorar los ingresos, la productividad, la sostenibilidad ambiental y el acceso a mercados de los pequeños productores, incorporando enfoques de equidad de género, interculturalidad y sostenibilidad territorial. Forma parte del cumplimiento de la Ley N.º 31075 y de la Política Nacional Agraria.

La Decisión 621 establece un Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad Agropecuaria destinado a promover de forma integral y equitativa las zonas rurales de los países miembros de la Comunidad Andina. El fondo garantiza la seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario mediante la asignación de recursos a proyectos productivos, preferentemente de interés comunitario, que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de las unidades productivas. Se establece con un aporte inicial de US$ 610.926,12 provenientes de recursos remanentes de programas anteriores de cooperación entre países miembros. La administración del fondo corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina, con aprobación del presupuesto anual por parte de la Comisión en Reunión Ampliada con Ministros de Agricultura. Los países miembros no están obligados a realizar aportes adicionales, pero pueden hacer contribuciones voluntarias al fondo.

Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.

El proyecto se propone aumentar los ingresos y mejorar la empleabilidad jóvenes mujeres y hombres −que cuentan con competencias técnicas básicas− brindándoles acceso a una capacitación pertinente, continua y de alta calidad.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.