Busca promover el uso eficiente del recurso hídrico a nivel parcelario mediante inversiones públicas y público-privadas en sistemas de riego tecnificado, extendiendo su aplicación a zonas de secano, áreas bajo riego, tierras con aptitud para pastoreo y tierras eriazas con aptitud agrícola. Define responsabilidades compartidas entre los tres niveles de gobierno, las organizaciones de usuarios de agua y las comunidades campesinas y nativas, estableciendo la adopción obligatoria del riego tecnificado en zonas de riego no regulado y recomendada en zonas reguladas. El financiamiento se sostiene en incentivos provenientes de recursos públicos, donaciones, endeudamiento y cooperación internacional, y la norma deroga el Programa de Riego Tecnificado creado por la Ley N° 28585.