Decreto N.º 0698 de 2026 que crea el Programa Especial de Adquisición y Dotación de Tierras para Pueblos y Comunidades Indígenas

El Decreto N.º 0698 del 7 de julio de 2026, publicado el 8 de julio de 2026, adiciona el Capítulo 11 al Título 6 de la Parte 14 del Libro 2 y el artículo 2.14.6.4.17 al Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural de Colombia. La norma crea el Programa Especial para la Adquisición y Dotación de Tierras en Favor de Pueblos y Comunidades Indígenas que no poseen tierras o disponen de una superficie insuficiente, con el propósito de fortalecer sus derechos territoriales, colectivos y culturales, su autonomía y su autodeterminación. Establece un procedimiento especial de adquisición directa de predios rurales y mejoras a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), conforme a la Ley 160 de 1994 y la Ley 2294 de 2023. Dispone una ruta diferencial y prioritaria para comunidades indígenas reconocidas como víctimas del conflicto armado, desplazamiento o despojo, o que se encuentren en procesos de reparación colectiva o restitución territorial, mediante coordinación con las entidades competentes. Asimismo, contempla la opción privilegiada de compra, el inicio inmediato de los trámites de titulación después de la adquisición, la entrega provisional de predios bajo las condiciones establecidas, la conformación de expedientes administrativos únicos y la trazabilidad documental de los procedimientos. El seguimiento se realiza en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), mediante informes periódicos, indicadores públicos de avance y actualización concertada del manual de compra de predios. El decreto también establece la obligatoriedad de cumplir los plazos administrativos aplicables. Su alcance es nacional y su finalidad principal es mejorar el acceso a la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia y la protección de los derechos territoriales indígenas. Los resultados señalados corresponden a objetivos normativos esperados y no a impactos empíricamente verificados.