4 países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, concentran amplias áreas del Corredor Seco expuestas a sequías prolongadas y lluvias extremas asociadas con El Niño.

4 semanas sin lluvia fueron suficientes para destruir siembras de cultivos básicos en comunidades agrícolas de Guatemala y El Salvador, agravando el riesgo alimentario.

10,5 millones de personas viven en el Corredor Seco centroamericano y dependen mayoritariamente de la agricultura de subsistencia de maíz y frijol, altamente vulnerable a El Niño.

El Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural) busca fortalecer el desarrollo económico y productivo de las familias rurales en situación de vulnerabilidad en El Salvador. La iniciativa contempla financiamiento internacional para impulsar sistemas productivos sostenibles, mejorar la inclusión productiva y comercial, fortalecer las capacidades de las comunidades rurales y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, prioriza a productores afectados por condiciones climáticas y a mujeres jefas de hogar.

El proyecto busca contribuir a la seguridad hídrica en territorios de cuencas priorizadas de la región SICA, mediante la elaboración de estudios técnicos de diagnóstico, análisis costo-beneficio de la inacción (BACI) y planes de inversión hídrica estratégica con perfiles de proyectos bancables por cuenca. Interviene en 8 cuencas de 8 países —Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana— incorporando enfoques de género, interculturalidad y riesgo climático.

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.

El Decreto Legislativo No. 605 reforma el artículo 21 de la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio de El Salvador. La reforma actualiza las reglas aplicables a la comercialización de leche, crema, quesos y otros productos lácteos, mantiene la prohibición de comercializar productos elaborados con adulterantes o sustancias que alteren su composición y elimina la prohibición anterior relativa a la comercialización de leche, crema y quesos obtenidos mediante reconstitución o recombinación de leche en polvo. Con ello, estos productos pueden comercializarse cuando cumplan las disposiciones sanitarias, de calidad e inocuidad aplicables. La medida busca reforzar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los productos lácteos, armonizar la normativa nacional con los instrumentos técnicos centroamericanos, eliminar obstáculos a la comercialización y fortalecer la competitividad y el abastecimiento de la cadena láctea salvadoreña.

El Decreto Legislativo No. 510 crea la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) y establece el marco jurídico e institucional para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas en El Salvador bajo el enfoque de economía azul. La ASEA es una institución oficial autónoma de derecho público, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Economía, y ejerce la rectoría del sector pesquero y acuícola. Sus competencias incluyen regular el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, autorizar, monitorear e inspeccionar actividades pesqueras y acuícolas, otorgar, suspender y revocar autorizaciones y licencias, aplicar medidas preventivas y sanciones, fortalecer la trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos, promover el desarrollo sostenible de cadenas de valor, innovación, investigación científica, transferencia tecnológica, acceso a mercados y coordinación con instituciones públicas, sector empresarial y organismos internacionales. El marco busca contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento económico, la generación de empleo e ingresos y el uso racional de los recursos marinos y de agua dulce sin comprometer la conservación del medio ambiente.

El Decreto Legislativo No. 577 reforma la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no Procesados de Origen Vegetal o Animal de El Salvador para precisar las competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en materia de certificación, control, validación, verificación y vigilancia de alimentos y productos de origen animal, acuícola y pesquero. La reforma faculta al MAG para certificar los procesos de elaboración y los establecimientos nacionales y extranjeros que elaboren productos de origen avícola, porcino y bovino, productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja, ovoproductos y productos acuícolas y pesqueros. Para las certificaciones se podrán adoptar medidas de equivalencia conforme a normativa internacional de mejores prácticas y a los acuerdos comerciales suscritos y ratificados por El Salvador. En materia de productos lácteos y mezclas de productos lácteos se establece la aplicación del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.65:12 denominado Uso de Términos Lecheros. El Decreto modifica el artículo 4, sustituye el artículo 79 y deroga el artículo 80 de la Ley.

El proyecto busca contribuir a la seguridad hídrica en territorios de cuencas priorizadas de la región SICA, mediante la elaboración de estudios técnicos de diagnóstico, análisis costo-beneficio de la inacción (BACI) y planes de inversión hídrica estratégica con perfiles de proyectos bancables por cuenca. Interviene en 8 cuencas de 8 países —Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana— incorporando enfoques de género, interculturalidad y riesgo climático.

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.

El proyecto estableció la incorporación de un enfoque sobre las directrices voluntarias para las políticas agroambientales, mediante un proceso de gestión público orientado a facilitar el desarrollo sostenible basándose en los objetivos estratégicos de la FAO. El proyecto contribuyó a un cambio en la gestión pública relacionada con los temas agrícolas, pasando de una visión sectorial y productivista a una más holística, orientada a fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población. Se creó un Comité Técnico y se priorizaron cinco marcos normativos: ley de riego, ley de avenamiento, ley forestal, política nacional de medio ambiente, y política de agricultura sostenible adaptada al clima. Se fortaleció la sostenibilidad de los recursos naturales y se redujo el impacto del cambio climático y de los desastres naturales en los medios de vida de la población rural. Políticas, planes y programas agroambientales se vieron fortalecidos mediante el conocimiento adquirido sobre las directrices de políticas agroambientales y el intercambio de lecciones aprendidas entre actores de otros países en América Latina y el Caribe.