En 2023, la productividad relativa interna del sector Agricultura en América Latina y el Caribe fue 44 (con coeficiente de productividad total = 100), evidenciando su rezago frente a sectores de mayor productividad, según el gráfico sectorial del informe (CEPAL, 2025).

4,4; 2,5 y 2,4 veces más ganaban los formales frente a informales en El Salvador, Honduras y Perú (OECD, 2024).

7% de la cobertura forestal en América Latina y el Caribe se perdió entre 1990 y 2020, equivalente a 138 millones de hectáreas, lo que evidencia la magnitud del proceso de deforestación en la región y la necesidad de fortalecer políticas de conservación y restauración (World Resources Institute, 2024).

El Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (GFM) es una iniciativa de cinco años (2023–2027) impulsada por la Unión Europea bajo un enfoque #TeamEurope para fortalecer la protección y el uso sostenible de los grandes bosques de Mesoamérica y otras áreas relevantes como la Región Trifinio. Su objetivo general es mejorar la conservación y sostenibilidad mediante cuatro componentes: (1) datos y transparencia para la toma de decisiones, (2) gobernanza forestal y conservación de biodiversidad, (3) producción y comercio sostenibles y libres de deforestación, y (4) derechos ambientales y defensa de los bosques. El programa se implementa en niveles regional, nacional y subnacional, articulando asistencia técnica, trabajo con socios regionales y fondos en cascada (cascading grants) con socios locales. Está diseñado para ser complementario a acciones nacionales y subnacionales ya existentes y para integrar sinergias con más de 100 acciones en curso en los bosques mesoamericanos. Además, cuenta con una Secretaría del Programa dentro del marco #EURECA para asegurar coordinación, coherencia y alineación con los objetivos estratégicos de la UE en la región.

El proyecto estableció la incorporación de un enfoque sobre las directrices voluntarias para las políticas agroambientales, mediante un proceso de gestión público orientado a facilitar el desarrollo sostenible basándose en los objetivos estratégicos de la FAO. El proyecto contribuyó a un cambio en la gestión pública relacionada con los temas agrícolas, pasando de una visión sectorial y productivista a una más holística, orientada a fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población. Se creó un Comité Técnico y se priorizaron cinco marcos normativos: ley de riego, ley de avenamiento, ley forestal, política nacional de medio ambiente, y política de agricultura sostenible adaptada al clima. Se fortaleció la sostenibilidad de los recursos naturales y se redujo el impacto del cambio climático y de los desastres naturales en los medios de vida de la población rural. Políticas, planes y programas agroambientales se vieron fortalecidos mediante el conocimiento adquirido sobre las directrices de políticas agroambientales y el intercambio de lecciones aprendidas entre actores de otros países en América Latina y el Caribe.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

Esta guía fue presentada por autoridades de la Unión Europea, el Centro de Comercio Internacional, el Ministerio de Economía y el Instituto Salvadoreño del Café. Representa un esfuerzo conjunto para promover una cadena de valor del café libre de deforestación en El Salvador. Su finalidad es orientar a las empresas del sector cafetalero en el cumplimiento de la Regulación de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR). Ofrece un recurso práctico para facilitar la adaptación a los nuevos requisitos de trazabilidad y sostenibilidad. Fue elaborada por el CCI con financiamiento de la Unión Europea.

El Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es un acuerdo regional suscrito en San José el 12 de diciembre de 1989 por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que establece un régimen de cooperación regional para la utilización óptima y racional de los recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico en Centroamérica. El Convenio crea la CCAD como entidad ejecutiva encargada de dirigir y administrar este régimen, con el mandato de formular estrategias para promover el desarrollo ambientalmente sustentable, elaborar planes de acción, valorizar y proteger el patrimonio natural regional caracterizado por su alta diversidad biológica, y fortalecer las instancias nacionales de gestión ambiental. La estructura institucional comprende la Comisión integrada por representantes gubernamentales, una Presidencia rotatoria anual, una Secretaría ejecutiva, comisiones técnicas ad-hoc, y un fondo patrimonial conformado por aportes de los Estados y donaciones internacionales. El Convenio establece áreas prioritarias de acción incluyendo educación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, control de contaminación urbana, y manejo de sustancias tóxicas, promoviendo una gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada en la región centroamericana.

El Acuerdo establece un marco integral de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y seis países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) firmado en Roma el 15 de diciembre de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de abril de 2014. Este instrumento jurídico refuerza las relaciones bilaterales mediante la promoción de principios democráticos, derechos humanos, Estado de Derecho y desarrollo sostenible. El Acuerdo abarca áreas clave como la integración regional centroamericana, la reducción de la pobreza, el comercio, la cooperación económica, la protección del medio ambiente, y la gestión de desafíos compartidos como la migración, las drogas ilícitas y el terrorismo. Constituye una asociación estratégica que sustituye al Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 y prepara las condiciones para futuras negociaciones de acuerdos de libre comercio entre ambas regiones.

El proyecto estableció la incorporación de un enfoque sobre las directrices voluntarias para las políticas agroambientales, mediante un proceso de gestión público orientado a facilitar el desarrollo sostenible basándose en los objetivos estratégicos de la FAO. El proyecto contribuyó a un cambio en la gestión pública relacionada con los temas agrícolas, pasando de una visión sectorial y productivista a una más holística, orientada a fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población. Se creó un Comité Técnico y se priorizaron cinco marcos normativos: ley de riego, ley de avenamiento, ley forestal, política nacional de medio ambiente, y política de agricultura sostenible adaptada al clima. Se fortaleció la sostenibilidad de los recursos naturales y se redujo el impacto del cambio climático y de los desastres naturales en los medios de vida de la población rural. Políticas, planes y programas agroambientales se vieron fortalecidos mediante el conocimiento adquirido sobre las directrices de políticas agroambientales y el intercambio de lecciones aprendidas entre actores de otros países en América Latina y el Caribe.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.

Cooperación técnica del BID dirigida a diseñar un sistema nacional que genere y disemine información relevante y oportuna para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas de competitividad y sostenibilidad de la caficultura salvadoreña. El proyecto busca fortalecer los sistemas de información del sector cafetalero mediante el desarrollo de un sistema estadístico conformado por registro de caficultores, censo cafetalero georeferenciado y encuestas complementarias que generen datos dinámicos de cobertura nacional. Incluye el diseño de mecanismos para captura y análisis de información de mercados nacionales e internacionales, así como sistemas de trazabilidad utilizando metodología blockchain. El proyecto aborda la problemática de falta de información especializada que limita el diseño e implementación de políticas efectivas para un sector que representa el 22% de los bosques del país y ha sido históricamente motor económico nacional. La iniciativa apoya la ejecución del préstamo ES-L1135 "Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador".