Datos o hechos estadísticos sobre la situación y perspectivas de los sistemas agroalimentarios e impacto de las políticas
100% de los enfoques centrados en aprendizaje buscan superar el dualismo económico de los países en desarrollo, caracterizado por la separación entre empresas avanzadas conectadas a mercados mundiales y productores menos capacitados que luchan por sobrevivir en el sector informal (Sabel y Reddy, 2006).
49° lugar ocupa Panamá a nivel mundial en el Índice de Progreso Social, siendo el quinto país mejor clasificado en América Latina y el segundo en la región inmediata de Centroamérica y el Caribe (Campos et al., 2024).
37° lugar ocupa Costa Rica a nivel mundial en el Índice de Progreso Social, siendo el segundo país mejor clasificado en América Latina y el primero en la región inmediata de Centroamérica y el Caribe (Campos et al., 2024).
4.2%, 3.2% y 6.1% fueron los porcentajes de Inversión Extranjera Directa como proporción del PIB en Costa Rica, República Dominicana y Panamá respectivamente en 2021, muy por encima de los promedios globales de 1.9% para países OCDE y 2.1% para el mundo (Campos et al., 2024).
6% y 5.6% han sido las tasas de crecimiento anual de la producción en República Dominicana y Panamá respectivamente desde 1960 hasta el inicio del COVID, siendo más rápido que en el resto de América Latina, con Costa Rica en quinto lugar (Campos et al., 2024).
$26,606 es el PIB per cápita de Panamá, el más alto de América Latina, seguido por Costa Rica en cuarto lugar ($19,778) y República Dominicana en séptimo lugar ($16,768), al menos el doble que otros países centroamericanos (Campos et al., 2024).
Casi el 7% del PIB de ALC en 2024 proviene de la agricultura, aunque su participación varía significativamente entre países (Conroy et al., 2024).
El 2% del PIB y el 1,6% del empleo en Canadá provienen de la agricultura primaria, que tiene una mayor contribución económica en algunas regiones del país (OCDE, 2024).
El 1% de aumento en el PIB global por cerrar la brecha de género en productividad agrícola y salarios reduciría la inseguridad alimentaria en un 2%, beneficiando a 45 millones de personas.
