Datos o hechos estadísticos sobre la situación y perspectivas de los sistemas agroalimentarios e impacto de las políticas
70% de las necesidades de uva de las bodegas argentinas proviene de subcontratación para 2000, aumentando desde aproximadamente el 50% en la década de 1980, a pesar de la naturaleza específica del desarrollo de la uva (McDermott, 2005).
40% del total de ventas de exportación de vino argentino es generado por las cinco principales empresas, mientras que las 20 primeras representan aproximadamente el 70% (McDermott, 2005).
50% de los $1-1,5 mil millones invertidos en la industria vitivinícola argentina entre 1991 y 2003 provino de inversión extranjera directa, concentrándose principalmente después de 1996 (McDermott, 2005).
90,62% de las exportaciones de vino argentino entre 2000-2003 provenía de Mendoza, mientras que San Juan solo contribuía con el 6,40%, mostrando una enorme disparidad regional (McDermott, 2005).
200 empresas exportadoras de vino en Argentina para 2003 representaban menos de un tercio del total de bodegas activas, evidenciando una considerable concentración de la actividad exportadora (McDermott, 2005).
10% de las empresas vitivinícolas en Argentina son cooperativas, muchas de las cuales surgieron como resultado de políticas específicas para fortalecer a los pequeños productores (McDermott, 2005).
70% de las exportaciones de vino argentino se venden en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, demostrando su competitividad en mercados sofisticados y competitivos (McDermott, 2005).
Entre 2,3 y 5,1 días por década se ha anticipado la primavera a nivel mundial lo que altera la germinación de semillas (Parmesan y Yohe 2003).
14,800 millones de dólares fue el monto base de subsidios a la exportación de la Unión Europea, reduciéndose a 9,400 millones en el año 2000, lo que la convirtió en el mayor otorgante mundial de estos apoyos (de Gorter, Ingco, & Ruiz, 2002, p. 4).
132 dólares por hectárea otorgaba Estados Unidos como subsidio al maíz en 1999, siendo tres veces mayor que los 42 dólares por hectárea que otorgaba México (Arroyo, 2009).