Datos o hechos estadísticos sobre la situación y perspectivas de los sistemas agroalimentarios e impacto de las políticas
El 9.2% fue la tasa de pobreza global en 2020, un aumento desde el 8.3% en 2019, lo que representa un retroceso de aproximadamente tres años en la reducción de la pobreza (FAO, 2022).
15.4 mil millones de dólares fueron las pérdidas económicas directas por desastres en 2020, de los cuales 6.8 mil millones corresponden a pérdidas agrícolas, según datos de 25 países (FAO, 2022).
75% de los países con datos disponibles muestran que los pequeños productores de alimentos ganan en promedio menos de la mitad del ingreso de los productores a gran escala (FAO, 2022).
50-70% del ingreso de las unidades de producción encabezadas por hombres es lo que ganan las unidades de pequeña escala encabezadas por mujeres en la mitad de los países con datos disponibles (FAO, 2022).
De 90% a 64.6% se redujo la proporción de recursos pesqueros mundiales en niveles biológicamente sostenibles entre 1974 y 2019, evidenciando un declive significativo en la sostenibilidad de las pesquerías globales (FAO, 2022).
85% de las especies mundiales de anfibios, aves y mamíferos se encuentran en regiones montañosas, a pesar de que estas constituyen solo alrededor del 25% de la superficie terrestre del planeta (FAO, 2022).
68 países tenían al menos una medida para asegurar la distribución justa de beneficios derivados del uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, según el Protocolo de Nagoya, al final de 2021 (FAO, 2022).
Menos de 15 dólares diarios (constantes PPA 2011) es la productividad laboral máxima de los pequeños productores de alimentos en países de ingresos bajos y medios (FAO, 2022).
El 65% de la superficie del país está en zona de laderas, es decir, con una pendiente mayor al 15%, donde la mayoría de los pequeños productores cultivan (Martín Manzano, 2012).
El sistema ganadero andino del Perú presenta alta heterogeneidad estructural, predominancia de pequeños productores, baja productividad y escaso acceso a servicios técnicos, lo que exige políticas diferenciadas por tipo de productor (Quispe et al., 2022).
