Datos o hechos estadísticos sobre la situación y perspectivas de los sistemas agroalimentarios e impacto de las políticas
1000 asistencias técnicas personalizadas fueron ejecutadas por especialistas del INIA para mejorar prácticas de manejo, nutrición y sanidad caprina en zonas rurales del Perú, fortaleciendo las capacidades productivas y el desempeño del sistema caprino (INIA, 2025).
68 % de los 2 millones de caprinos del Perú se concentran en la costa norte, zona centro-sur y región andina, áreas con precipitaciones que varían desde 0–500 mm al año en zonas áridas y semiáridas, hasta altitudes superiores a 3000 m s.n.m. con mayor disponibilidad hídrica, lo que refleja contrastes en la oferta forrajera y potencial productivo (INIA, 2025).
180 000 a 200 000 familias en el Perú practican la producción caprina como actividad económica complementaria dentro de la agricultura familiar, contribuyendo a la seguridad económica y diversificación productiva rural (INIA, 2025).
13 000 productores caprinos en el Perú son beneficiados por el Proyecto de Inversión PROCAP, que impulsa investigación, asistencia técnica y fortalecimiento productivo en ganadería caprina (INIA, 2025).
89% de los VSS analizados (8 de 9) requieren a los productores restaurar áreas naturales, excluyendo solo Fairtrade que lo tiene como recomendado (Larrea et al., 2021).
89% de los VSS analizados (8 de 9) incluyen criterios requeridos para planificación espacial para evitar pérdida de biodiversidad, excluyendo solo Fairtrade (Larrea et al., 2021).
78% de los VSS analizados (7 de 9) incluyen criterios requeridos para minimizar el impacto de agroquímicos, excluyendo ISCC y ProTerra (Larrea et al., 2021).
5 años es el período previo a la certificación que el estándar Orgánico requiere que los agricultores demuestren que no han convertido ambientes naturales valiosos a tierra agrícola (Larrea et al., 2021).
2003 fue el año de entrada en vigor del reglamento FLEGT de la UE que busca combatir la tala ilegal y la deforestación (Larrea et al., 2021).
2005 es la fecha de corte establecida por RSPO para no certificar operaciones que hayan convertido áreas con alto valor de conservación de biodiversidad después de esta fecha (Larrea et al., 2021).
