Datos o hechos estadísticos sobre la situación y perspectivas de los sistemas agroalimentarios e impacto de las políticas
En “casi la totalidad” de los casos, las iniciativas de articulación productiva (IAP) (en los 20 países listados) son gestionadas por un órgano de decisión conformado por un promedio de 11 personas; además, ese órgano se compone mayoritariamente por sector privado (72,7%), seguido de sociedad civil (15,0%), sector público (10,2%) y sector académico (1%), según el informe (CEPAL, 2025)...
Las certificaciones agroalimentarias (Fairtrade, Rainforest, etc.) en América Latina operan en entornos legales débiles, lo que puede reforzar la transparencia o fomentar corrupción. Plantea reformas legales para mejorar la gobernanza y la confianza en dichos esquemas (Avesani, 2025).
50 kilogramos de arroz consume cada ecuatoriano en promedio al año, lo que demuestra la importancia de este cereal en la dieta nacional (Redacción El Universo, 2025).
El artículo 15 de la Constitución ecuatoriana prohíbe el uso de semillas genéticamente modificadas por riesgos a la salud y ambiente (Redacción El Universo, 2025).
Más de $85 millones en créditos de carbono ha movilizado Costa Rica desde 2021, destacando el rol del agro y la bioenergía (Bolsa Nacional de Valores, 2023).
Hasta un 15 % podrían subir los precios alimentarios al 2030 sin planificación territorial en biocombustibles, afectando a los más vulnerables (Nature Food, 2023).
Más del 60 % de la energía en ingenios azucareros proviene de residuos agrícolas, generando excedentes eléctricos para la red y fortaleciendo su sostenibilidad (UNICA, 2023).
Más de 4 millones de toneladas anuales de capacidad instalada permitieron exportar 1.3 millones de biodiesel en 2022 (Cámara Argentina de Biocombustibles, 2023).
Un 15 % anual creció la producción de biodiésel entre 2018 y 2022, generando importantes beneficios económicos en zonas rurales (Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2023).
Un 70 % menos de uso de combustibles fósiles ha permitido este proceso, además de mejorar la gestión de residuos y generar ingresos por venta de excedente eléctrico (CEPAL, 2022).
