Uruguay superará las 350.000 hectáreas de brassicas en 2026 — frente a las 348.000 de 2022 —, impulsado por la menor dependencia de fertilizantes nitrogenados frente al trigo. (El Observador, 2026).

En 2023, la productividad relativa interna del sector Agricultura en América Latina y el Caribe fue 44 (con coeficiente de productividad total = 100), evidenciando su rezago frente a sectores de mayor productividad, según el gráfico sectorial del informe (CEPAL, 2025).

En la identificación sectorial de IAP, el rubro agrícola, silvicultura, caza y pesca registra 248 IAP (34,8%), seguido por industrias manufactureras (188), turismo (70) y TIC (51); adicionalmente se identifican 32 IAP en salud (farmacéutico y servicios/dispositivos médicos), según el informe (CEPAL, 2025).

Proyecto de cooperación técnica regional orientado a escalar la adopción de la herramienta digital 3RWeb para mejorar la gestión de pasturas y reservas forrajeras en sistemas pastoriles de América Latina y el Caribe. El proyecto busca maximizar la cosecha de forraje producida en finca, mejorar la autosuficiencia y sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas pastoriles, reducir costos, aumentar la resiliencia frente a la variabilidad climática, conservar biodiversidad y contribuir a la mitigación del cambio climático.

Proyecto de cooperación técnica regional orientado a contribuir a la resiliencia y a la capacidad de mitigación del cambio climático de los sistemas ganaderos de América Latina y el Caribe. Evalúa prácticas de integración con sistemas forestales y sistemas silvopastoriles para aumentar reservas de carbono, diversificación productiva, sostenibilidad ambiental, salud del suelo, productividad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Participan Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y República Dominicana.

Iniciativa impulsada por Prolesa (empresa vinculada a Conaprole) para facilitar el acceso a fertilizantes por parte de productores agropecuarios en Uruguay, mediante condiciones comerciales especiales, financiamiento y herramientas de planificación productiva. El plan busca mejorar la disponibilidad de insumos clave en un contexto de volatilidad de precios.

El Decreto N.º 88/026 de Uruguay actualiza y amplía las medidas de prevención, vigilancia, investigación y control aplicables a residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes ambientales detectados en productos de origen animal, tejidos y fluidos animales. La norma se dicta en el marco del Programa Nacional de Residuos Biológicos y asigna a la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) competencias para investigar establecimientos agropecuarios, establecimientos de faena y establecimientos industrializadores de productos de origen animal ante resultados no conformes. La DGSG puede realizar interdicciones sanitarias preventivas, inspecciones, extracción y análisis de muestras de animales, productos y subproductos de origen animal, raciones, forrajes y productos veterinarios, así como decomisar productos veterinarios no autorizados o registrados. Los predios de origen de animales con presencia de sustancias prohibidas o residuos por encima de los límites máximos permitidos pueden ser interdictos preventivamente para el movimiento de animales hacia faena mediante el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). Los establecimientos con resultados no conformes quedan sujetos a controles dirigidos y acciones correctivas y preventivas bajo supervisión oficial. La norma contempla sanciones frente a incumplimientos, busca asegurar la inocuidad de los alimentos y preservar el acceso de los productos de origen animal a los mercados de destino y deroga el Decreto N.º 576/009 de 15 de diciembre de 2009.

El Decreto N.º 21/026 reglamenta integralmente el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) previsto en el Título 9 del Texto Ordenado 2023 de Uruguay. La norma define los hechos generadores del impuesto, los contribuyentes y agentes de retención, el monto imponible, tasas aplicables por productos agropecuarios, anticipos en importaciones, procedimientos de retención, liquidación y pago, tratamiento tributario de exportaciones y la imputación del IMEBA como pago a cuenta del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). El Decreto establece tasas diferenciadas para lana y cueros, ganado bovino, ovino y porcino, cereales y oleaginosas, leche, productos avícolas y apícolas, flores y semillas, productos hortícolas, frutícolas y citrícolas, productos forestales, caña de azúcar y otros productos agropecuarios. Asimismo, establece un crédito fiscal para titulares de explotaciones agropecuarias contribuyentes del IMEBA que realicen inversiones destinadas a facilitar el acceso al agua, incluyendo tajamares, pozos y perforaciones, molinos, tanques, bombas, represas para irrigación o abrevadero, instalaciones eléctricas asociadas al sistema de riego, cañerías y bebederos. El crédito fiscal es equivalente al diez por ciento de determinadas inversiones, sin IVA, y puede complementarse con créditos correspondientes al IVA en las condiciones establecidas. Los beneficios se instrumentan mediante certificados de crédito emitidos por la Dirección General Impositiva, con intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Decreto también regula la promoción de inversiones agropecuarias y deroga los Decretos N.º 376/986, N.º 294/011 y N.º 14/015.

La Resolución N.º 255/026 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay determina una nómina de diez titulares de explotaciones agropecuarias beneficiarios del crédito fiscal previsto en el artículo 2 de la Ley N.º 18.747 y su reglamentación. El beneficio equivale al 10% de las inversiones elegibles realizadas para facilitar el acceso al agua para uso productivo. La resolución reconoce créditos fiscales por un total de 1.010.571 pesos uruguayos, luego de que la Dirección General de Desarrollo Rural evaluara las solicitudes y verificara el cumplimiento de los requisitos correspondientes. También dispone comunicar el reconocimiento de los créditos a la Dirección General Impositiva y a cada productor beneficiario.

Iniciativa impulsada en Uruguay para promover la valorización de residuos agroindustriales mediante el desarrollo de proyectos demostrativos. A través de Biovalor y su continuación (Bioterra), se busca transformar residuos en productos de valor agregado, como biofertilizantes, energía o insumos productivos, fomentando la economía circular y la sostenibilidad.

Programa institucional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) orientado a evaluar, visibilizar y fortalecer el impacto de sus operaciones de financiamiento y cooperación técnica en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe. La iniciativa promueve un modelo de agricultura sostenible, inclusiva y regenerativa, integrando la resiliencia climática, la innovación tecnológica, la gestión eficiente de recursos naturales y la inclusión de pequeños productores en cadenas de valor sostenibles.

Proyecto ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) de Uruguay con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) como socio ejecutor, enfocado en mejorar la resiliencia de sistemas ganaderos familiares sobre campo natural ante la variabilidad y cambio climático. El proyecto implementó buenas prácticas ganaderas validadas mediante un enfoque de co-innovación, trabajando con 51 predios beneficiarios que abarcan 17,000 hectáreas. Se desarrolló una metodología que combina el enfoque de sistemas, monitoreo dinámico y aprendizaje social, ejecutada por técnicos de campo en conjunto con familias productoras. El proyecto logró mejorar la productividad y estabilidad del campo natural, implementando prácticas de bajo costo y alto impacto.