En 2023, la productividad relativa interna del sector Agricultura en América Latina y el Caribe fue 44 (con coeficiente de productividad total = 100), evidenciando su rezago frente a sectores de mayor productividad, según el gráfico sectorial del informe (CEPAL, 2025).

64,2% de las personas vivían en hogares totalmente informales en Nicaragua (OECD, 2024).

7% de la cobertura forestal en América Latina y el Caribe se perdió entre 1990 y 2020, equivalente a 138 millones de hectáreas, lo que evidencia la magnitud del proceso de deforestación en la región y la necesidad de fortalecer políticas de conservación y restauración (World Resources Institute, 2024).

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.

Ecotrade es una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que como socio estratégico apoya el fortalecimiento de la integración económica regional. El programa busca facilitar, agilizar y hacer más sostenible el comercio entre los países centroamericanos y la Unión Europea mediante la modernización de procesos, la mejora de la conectividad y la reducción de barreras comerciales, contribuyendo a una región más competitiva y con mayores oportunidades para personas y empresas.

El Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (GFM) es una iniciativa de cinco años (2023–2027) impulsada por la Unión Europea bajo un enfoque #TeamEurope para fortalecer la protección y el uso sostenible de los grandes bosques de Mesoamérica y otras áreas relevantes como la Región Trifinio. Su objetivo general es mejorar la conservación y sostenibilidad mediante cuatro componentes: (1) datos y transparencia para la toma de decisiones, (2) gobernanza forestal y conservación de biodiversidad, (3) producción y comercio sostenibles y libres de deforestación, y (4) derechos ambientales y defensa de los bosques. El programa se implementa en niveles regional, nacional y subnacional, articulando asistencia técnica, trabajo con socios regionales y fondos en cascada (cascading grants) con socios locales. Está diseñado para ser complementario a acciones nacionales y subnacionales ya existentes y para integrar sinergias con más de 100 acciones en curso en los bosques mesoamericanos. Además, cuenta con una Secretaría del Programa dentro del marco #EURECA para asegurar coordinación, coherencia y alineación con los objetivos estratégicos de la UE en la región.

Plan nacional de contingencia y respuesta institucional del SINAPRED en Nicaragua, orientado a la gestión del riesgo agroclimático y la coordinación de acciones del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) frente a eventos extremos asociados al Fenómeno de El Niño. El instrumento establece mecanismos de prevención, mitigación, rehabilitación productiva, alerta temprana y articulación interinstitucional para reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario y fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios ante sequías, inundaciones y otras amenazas climáticas.

La Ley N°. 462 establece el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal en Nicaragua, basándose en el manejo forestal del bosque natural, el fomento de plantaciones y la protección de áreas forestales. Crea el Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF) integrado por entidades públicas y privadas, siendo el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) el órgano ejecutor bajo la rectoría del MAGFOR. Establece incentivos fiscales para promover plantaciones forestales, manejo sostenible de bosques naturales y restauración de áreas degradadas, incluyendo exoneraciones de impuestos municipales y sobre la renta. Define el marco regulatorio para permisos de aprovechamiento forestal, planes de manejo, transporte de productos forestales y concesiones en tierras estatales. La ley también crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) para financiar programas de fomento y establece un sistema de infracciones y sanciones administrativas para garantizar el cumplimiento de las normas forestales.

El Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es un acuerdo regional suscrito en San José el 12 de diciembre de 1989 por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que establece un régimen de cooperación regional para la utilización óptima y racional de los recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico en Centroamérica. El Convenio crea la CCAD como entidad ejecutiva encargada de dirigir y administrar este régimen, con el mandato de formular estrategias para promover el desarrollo ambientalmente sustentable, elaborar planes de acción, valorizar y proteger el patrimonio natural regional caracterizado por su alta diversidad biológica, y fortalecer las instancias nacionales de gestión ambiental. La estructura institucional comprende la Comisión integrada por representantes gubernamentales, una Presidencia rotatoria anual, una Secretaría ejecutiva, comisiones técnicas ad-hoc, y un fondo patrimonial conformado por aportes de los Estados y donaciones internacionales. El Convenio establece áreas prioritarias de acción incluyendo educación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, control de contaminación urbana, y manejo de sustancias tóxicas, promoviendo una gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada en la región centroamericana.

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.

El proyecto desarrolla y valida metodologías para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas ganaderos de doble propósito en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, combinando análisis indirectos basados en el IPCC (2006) con estudios experimentales en pasturas y mediciones de metano entérico. A través de la clasificación de fincas según su nivel de intensificación, la iniciativa evalúa las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O, su relación con la productividad y los factores económicos, demostrando que los sistemas con mejor manejo forrajero y suplementación generan menores emisiones por unidad de producto. Además de generar factores de emisión locales y herramientas de cálculo más precisas (Tier 2), el proyecto fortalece capacidades mediante capacitaciones a productores, promoviendo prácticas ganaderas sostenibles y competitivas con bajas emisiones de GEI.

El objetivo principal del proyecto es aumentar la resiliencia ante crisis alimentarias y eventos relacionados con el cambio climático (CC) en los hogares del Corredor Seco de Nicaragua. El proyecto tiene como fin desarrollar las capacidades de actores locales y regionales para hacer frente a los riesgos y choques climáticos, como la sequía.