En 2023, la productividad relativa interna del sector Agricultura en América Latina y el Caribe fue 44 (con coeficiente de productividad total = 100), evidenciando su rezago frente a sectores de mayor productividad, según el gráfico sectorial del informe (CEPAL, 2025).

7% de la cobertura forestal en América Latina y el Caribe se perdió entre 1990 y 2020, equivalente a 138 millones de hectáreas, lo que evidencia la magnitud del proceso de deforestación en la región y la necesidad de fortalecer políticas de conservación y restauración (World Resources Institute, 2024).

58% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe provienen del uso del suelo, el cambio de uso del suelo y el sector forestal, lo que demuestra el peso significativo de estas actividades en la dinámica climática regional y la urgencia de fortalecer acciones de mitigación (World Resources Institute, 2024)

Ecotrade es una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que como socio estratégico apoya el fortalecimiento de la integración económica regional. El programa busca facilitar, agilizar y hacer más sostenible el comercio entre los países centroamericanos y la Unión Europea mediante la modernización de procesos, la mejora de la conectividad y la reducción de barreras comerciales, contribuyendo a una región más competitiva y con mayores oportunidades para personas y empresas.

Esta iniciativa buscó fortalecer la participación de comunidades indígenas de Guatemala en la gestión y uso sostenible de la biodiversidad, particularmente en relación con plantas medicinales tradicionales. A través de una colaboración entre instituciones académicas y consejos de ancianos mayas, el proyecto documentó conocimientos tradicionales, promovió la conservación de especies medicinales amenazadas y fortaleció capacidades locales para implementar el mecanismo de acceso y reparto justo de beneficios (ABS) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La iniciativa contribuyó a vincular la conservación de la biodiversidad con la salud comunitaria, la investigación científica y la protección del conocimiento tradicional.

El Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (GFM) es una iniciativa de cinco años (2023–2027) impulsada por la Unión Europea bajo un enfoque #TeamEurope para fortalecer la protección y el uso sostenible de los grandes bosques de Mesoamérica y otras áreas relevantes como la Región Trifinio. Su objetivo general es mejorar la conservación y sostenibilidad mediante cuatro componentes: (1) datos y transparencia para la toma de decisiones, (2) gobernanza forestal y conservación de biodiversidad, (3) producción y comercio sostenibles y libres de deforestación, y (4) derechos ambientales y defensa de los bosques. El programa se implementa en niveles regional, nacional y subnacional, articulando asistencia técnica, trabajo con socios regionales y fondos en cascada (cascading grants) con socios locales. Está diseñado para ser complementario a acciones nacionales y subnacionales ya existentes y para integrar sinergias con más de 100 acciones en curso en los bosques mesoamericanos. Además, cuenta con una Secretaría del Programa dentro del marco #EURECA para asegurar coordinación, coherencia y alineación con los objetivos estratégicos de la UE en la región.

Para el plan nacional de desarrollo, el k’atun configura un horizonte que permite al país delinear la senda para el desarrollo durante los próximos veinte años. El k’atun propone una visión común de país, un sueño compartido, con confianza en un futuro diferente y mejor. Considera la diversidad como fuente de riqueza para la construcción de relaciones de convivencia intercultural y el afincamiento de una cultura de paz. Las personas y sus particularidades, devenidas de la condición, posición y situación sociocultural, económica y política a la que pertenecen, son el centro del Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 que se presenta en este documento.

El Gobierno de Guatemala, en un esfuerzo por garantizar un futuro sostenible y equitativo para todos sus ciudadanos, anuncia la elaboración de una Ley de Aguas. Esta iniciativa, que se construirá a través de un proceso participativo y transparente, busca establecer un marco legal sólido para la gestión integral y sostenible del recurso hídrico, uno de los más valiosos del país.

El Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es un acuerdo regional suscrito en San José el 12 de diciembre de 1989 por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que establece un régimen de cooperación regional para la utilización óptima y racional de los recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico en Centroamérica. El Convenio crea la CCAD como entidad ejecutiva encargada de dirigir y administrar este régimen, con el mandato de formular estrategias para promover el desarrollo ambientalmente sustentable, elaborar planes de acción, valorizar y proteger el patrimonio natural regional caracterizado por su alta diversidad biológica, y fortalecer las instancias nacionales de gestión ambiental. La estructura institucional comprende la Comisión integrada por representantes gubernamentales, una Presidencia rotatoria anual, una Secretaría ejecutiva, comisiones técnicas ad-hoc, y un fondo patrimonial conformado por aportes de los Estados y donaciones internacionales. El Convenio establece áreas prioritarias de acción incluyendo educación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, control de contaminación urbana, y manejo de sustancias tóxicas, promoviendo una gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada en la región centroamericana.

Esta iniciativa buscó fortalecer la participación de comunidades indígenas de Guatemala en la gestión y uso sostenible de la biodiversidad, particularmente en relación con plantas medicinales tradicionales. A través de una colaboración entre instituciones académicas y consejos de ancianos mayas, el proyecto documentó conocimientos tradicionales, promovió la conservación de especies medicinales amenazadas y fortaleció capacidades locales para implementar el mecanismo de acceso y reparto justo de beneficios (ABS) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La iniciativa contribuyó a vincular la conservación de la biodiversidad con la salud comunitaria, la investigación científica y la protección del conocimiento tradicional.

El proyecto AGRO-INNOVA es implementado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la asistencia financiera de la Unión Europea (UE), en asocio con 21 socios nacionales públicos y privados, en seis países Centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como con el apoyo técnico y de investigación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). El objetivo del proyecto es mejorar las tecnologías de adaptación y mitigación al cambio climático para la producción de cultivos básicos y ganadería de pequeños productores a través de la investigación, transferencia y extensión en SAFM, a fin de preservar la biodiversidad de las semillas, aumentar la productividad y mejorar la seguridad alimentaria de las familias altamente vulnerables en el Corredor Seco de Centroamérica.