5,136,000 personas se encontraron en una fase acentuada de inseguridad alimentaria en Ecuador entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria de Fases, 2026).

2,447,000 personas se encontraron en una situación de crisis alimentaria en Ecuador entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria de Fases, 2026).

95,000 personas se encontraron en una situación de emergencia alimentaria en Ecuador entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria de Fases, 2026).

Cooperación técnica orientada a mejorar la rentabilidad agrícola y la sostenibilidad ambiental en la Amazonía peruana mediante una plataforma PhyGital (física y digital) que combina asesoramiento agronómico personalizado basado en inteligencia artificial con la distribución trazable de insumos agrícolas para pequeños productores de cacao en las provincias de Juanjui y Tocache (San Martín). La iniciativa integra identidad digital en blockchain, una red descentralizada de emprendedores locales denominados "Inges Agrayu" con enfoque de género, y monitoreo satelital de deforestación, buscando incrementar la productividad en un 19% e inducir una reducción del 17% en la tasa de deforestación local. Fue seleccionada mediante la convocatoria Amazonía BioBuilders (RG-O1711) y se enmarca en el Programa Amazonía Siempre del Grupo BID, con proyección de escalar a más de 20.000 familias productoras en la región amazónica.

Iniciativa de inversión financiada por el BID a través del "Development Fund for Colombia-Peru B", orientada a contribuir al desarrollo socioeconómico y alimentario sostenible de las comunidades rurales en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del Alto Putumayo entre Perú y Colombia. Busca fortalecer los sistemas agroforestales (SAF) de cacao, mejorar la seguridad y diversidad alimentaria con enfoque de género, y consolidar la gobernanza territorial y la articulación binacional para la gestión sostenible del territorio. La iniciativa opera en un contexto de frontera amazónica, promoviendo la coordinación institucional y comunitaria entre ambos países como eje de sostenibilidad e inclusión.

La Estrategia de E-Agricultura de CARICOM es un componente clave de la iniciativa insignia 25x2025+5, orientada a modernizar el sector agrícola regional mediante la innovación digital, el uso de inteligencia artificial, plataformas móviles y herramientas de agricultura inteligente para aumentar la productividad, fortalecer la resiliencia climática y ampliar el acceso a mercados. La estrategia se articula en seis pilares estratégicos: conectividad rural, agricultura de precisión, servicios financieros digitales, formación de habilidades digitales, comercio electrónico y marcos de política y gobernanza. Tiene un enfoque prioritario en jóvenes, mujeres y agro-emprendedores, buscando posicionar la agricultura como un sector moderno, innovador y atractivo en la región del Caribe.

ES El PESAN traduce la Política Nacional de SAN de Guatemala en acciones concretas articuladas en seis ejes estratégicos: disponibilidad de alimentos, acceso físico, capacidad adquisitiva, ingesta adecuada, salud y gobernanza. Coordina la actuación de 17 instituciones públicas para orientar intervenciones integrales y coherentes que mejoren la seguridad alimentaria y nutricional de la población, con énfasis en los grupos priorizados. Constituye el principal instrumento de planificación estratégica y operativa del Estado para la implementación de la política SAN.

La Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad (EGIR) del Distrito Metropolitano de Quito es un instrumento programático que orienta inversiones, gobernanza territorial y articulación intersectorial para fortalecer el desarrollo sostenible de los territorios rurales. Incluye un eje específico para fortalecer la retención y participación de juventudes rurales, atendiendo brechas de educación, empleo, identidad cultural y migración, y plantea lineamientos para garantizar oportunidades económicas y sociales en las parroquias rurales del DMQ.

La Ley 2539 de 2025 modifica la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017 para incluir explícitamente a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. La norma garantiza y prioriza su acceso progresivo a la tierra, a proyectos productivos acordes con sus planes de vida, al desarrollo de actividades productivas rurales sostenibles, a la formación académica y técnica, al financiamiento y a la asociatividad. Asimismo, establece su participación en las instancias de gobernanza del territorio, crea un trazador presupuestal específico para juventudes rurales, promueve la innovación, el uso de TIC, el arraigo cultural y medidas especiales para jóvenes víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la reforma rural integral con enfoque territorial, generacional y étnico.

Esta iniciativa tuvo como objetivo reducir la pobreza rural en zonas altoandinas y de selva alta del Perú mediante el fortalecimiento de activos productivos, humanos, sociales y naturales de pequeños productores organizados. El proyecto promovió la conformación y consolidación de asociaciones rurales para la implementación de planes de negocio cofinanciados, acompañados de asistencia técnica, capacitación y mecanismos competitivos de asignación de recursos. Asimismo, impulsó la gestión territorial sostenible y el fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, facilitando la articulación a mercados, el acceso a servicios financieros y la generación de ingresos en poblaciones rurales vulnerables.

La iniciativa es una cooperación técnica binacional en la cuenca del río Putumayo, en la Zona de Integración Fronteriza Perú–Colombia, orientada a fortalecer la pesca artesanal sostenible y la seguridad alimentaria con acceso a mercados. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante una mesa binacional, diagnósticos y campañas de monitoreo enfocadas en calidad de agua y especies ícticas de interés comercial. Impulsa bionegocios asociados a la cadena pesquera con sensibilización y capacitación, educación financiera, asistencia técnica, formulación de modelos de negocio y apoyo a equipamiento, además de ferias binacionales y alianzas comerciales. Incluye acciones de seguridad alimentaria a través de planes comunitarios, capacitaciones en buenas prácticas alimentarias, escuelas de campo y soluciones colectivas para acceso a agua (recolección, filtrado y almacenamiento). Su ejecución se realiza por agencias ejecutoras en Perú y Colombia durante 24 meses con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia–Perú, con inicio requerido en septiembre de 2025.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.