146 % aumentó la actividad del fuego de julio a agosto de 2026 y volvió a subir 66 % en septiembre; 395 municipios están en alerta alta y 533 en alerta por riesgo de fuego.

197 municipios fueron clasificados con sequía severa en septiembre de 2026, frente a 153 en agosto; los municipios con sequía extrema aumentaron de 4 a 24.

>95 % es la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026.

Programa fitosanitario basado en una alianza público-privada con el sector exportador de musáceas, formalizada mediante un convenio de cinco años. Comprende la supervisión técnica en campo de las medidas fitosanitarias aplicadas a la producción destinada a la exportación. Su objetivo es asegurar la condición fitosanitaria de las cajas de musáceas exportadas y afianzar las relaciones comerciales con los mercados de destino.

Programa de desarrollo rural orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias y organizaciones económicas productivas vinculadas al sistema de producción de camélidos del Altiplano boliviano. La intervención fortaleció la base productiva, la gestión sostenible de los recursos naturales, la transformación y comercialización de productos derivados de camélidos y el acceso a servicios financieros, mediante inversiones productivas, asistencia técnica, planes de negocio y articulación a mercados.

Asignación presupuestaria para 2027 de la segunda fase del Plan de Política de Naturaleza y Medio Ambiente del Caribe Neerlandés, orientada a fortalecer y restaurar los ecosistemas de Bonaire, San Eustaquio y Saba. Comprende la restauración de vegetación y corales, el control de la erosión y el sobrepastoreo, la reducción de especies invasoras y de la contaminación del agua, y la mejora de la conservación y el monitoreo de la naturaleza. Su objetivo es lograr un entorno natural más resiliente al cambio climático que contribuya a un ambiente de vida saludable y a la economía de las islas.

Conjunto de tres protocolos aprobados por el Consejo Ministerial del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe como parte de la Política Pesquera Común de la Comunidad del Caribe. Los protocolos establecen marcos regionales para la planificación espacial marina, la trazabilidad de los alimentos acuáticos y el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Buscan ayudar a los Estados miembros a gestionar los usos concurrentes del espacio oceánico, mejorar la confianza y la transparencia en las cadenas de productos pesqueros, proteger los recursos pesqueros frente a actividades ilegales, fortalecer la gobernanza y sostenibilidad del sector, salvaguardar los medios de vida de los pescadores legítimos, mejorar el acceso a mercados y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional.

La Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD-PACU) ofrece un trámite presencial para la ejecución de proyectos de apoyo a la producción piscícola. La ficha señala como marco legal el D.S. N.° 1922, el D.S. N.° 4632 y el Reglamento Operativo de Transferencias Público Privadas en Especie del proyecto de implementación de sistemas productivos, capacitación, comercialización y equipamiento para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Bolivia.

El Decreto Supremo N.º 005-2026-MIDAGRI, publicado el 17 de junio de 2026, aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31920, Ley que promueve la industrialización del cultivo de la papa. El reglamento consta de siete títulos, diecisiete artículos y tres disposiciones complementarias finales y establece medidas para fortalecer la competitividad, sostenibilidad y generación de valor agregado en la cadena productiva de la papa. Su ámbito de aplicación es nacional y comprende a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, vinculadas con la producción, transformación, comercialización y promoción de la papa. Promueve el procesamiento primario y la elaboración de productos derivados, como harinas, hojuelas, puré instantáneo y almidones, así como la articulación de la producción con mercados internos y cadenas de agroexportación. Contempla proyectos piloto y mecanismos de cofinanciamiento para adquirir maquinaria y desarrollar capacidades técnicas, contratos asociativos entre productores y empresas, servicios de extensión y asistencia técnica, investigación y transferencia tecnológica, certificación de semillas y promoción de variedades mejoradas. También prevé fondos de garantía y líneas de crédito especiales para semilleristas, así como programas de financiamiento para pequeños y medianos productores y proyectos de infraestructura agroindustrial. Establece responsabilidades del MIDAGRI, INIA, SENASA, COFIDE y gobiernos regionales y locales, y articula su implementación con el Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial y el Reglamento de la Ley N.º 31339. La norma busca incrementar la rentabilidad de los productores, mejorar la calidad de los productos derivados, fortalecer los encadenamientos industriales y facilitar el acceso a mercados. Su implementación se financia con cargo a los presupuestos institucionales correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los resultados descritos constituyen objetivos normativos esperados y no impactos empíricamente verificados.

Cooperación técnica del BID dirigida a diseñar un sistema nacional que genere y disemine información relevante y oportuna para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas de competitividad y sostenibilidad de la caficultura salvadoreña. El proyecto busca fortalecer los sistemas de información del sector cafetalero mediante el desarrollo de un sistema estadístico conformado por registro de caficultores, censo cafetalero georeferenciado y encuestas complementarias que generen datos dinámicos de cobertura nacional. Incluye el diseño de mecanismos para captura y análisis de información de mercados nacionales e internacionales, así como sistemas de trazabilidad utilizando metodología blockchain. El proyecto aborda la problemática de falta de información especializada que limita el diseño e implementación de políticas efectivas para un sector que representa el 22% de los bosques del país y ha sido históricamente motor económico nacional. La iniciativa apoya la ejecución del préstamo ES-L1135 "Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador".

El Programa nacional de apoyo a la producción y recolección del cacao busca incrementar el potencial productivo del cacao cultivado y cacao nativo silvestre en Bolivia, mejorando procesos de producción, recolección y post cosecha orientados al mercado interno y externo. Este programa se implementa en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando, y está a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, aunque su puesta en marcha está a cargo de sus ejecutoras según componente: 1) Desarrollo tecnológico e innovación (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF); 2) Sanidad vegetal (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG); 3) Producción y post cosecha (EMPODERAR); y 4) Asistencia técnica y mercado (Institución Pública Desconcentrada de Seguridad Alimentaria IPDSA).

El objetivo del proyecto es Incrementar la producción de la leche en el Municipio de Tiahuanacu en un 20 %, de 33.019,80 litros hasta 39.623,76 litros de leche/año, para garantizar el abastecimiento del mercado interno.